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Jennifer Katherine Mora, tiene 19 años, es estudiante de derecho en una universidad de Ibagué, y cayó en manos de un grupo paramilitar del Meta.
Unos hombres le dijeron que la invitaban a una fiesta electrónica, el 31 de octubre del año 2014. Ese día la recogieron y una vez ingresó al vehículo le informaron que no habría tal fiesta sino que estaba en poder del Bloque Meta, una banda criminal que delinque en el oriente del país.
De inmediato, salieron de Ibagué rumbo al departamento del Meta. Viajaron durante más de nueve horas y solo se detuvieron en un restaurante conocido como La Cucharita.
Allí, Jennifer aprovechó el descuido de sus captores y pudo avisarle a su padre que la habían retenido y que estaba en la vía que conduce a San José del Guaviare.
Fue así como el Ejército Nacional, a través del Gaula Militar, inició un operativo que permitió el rescate de la estudiante ibaguereña en la vereda Pororío del municipio de Puerto Concordia (Meta), el cuatro de noviembre del año pasado. (Ver publicación del Ejército)
Jhon Fredy fue hallado muerto
Jennifer regresó, pero otro ibaguereño no corrió con la misma suerte. Jhon Fredy Laiseca salió de su casa el 20 de octubre de 2014, ubicada en el Barrio Inem, cerca al centro de la ciudad. Le hicieron una oferta laboral, le prometieron un buen salario y, ante la falta de trabajo en Ibagué, aceptó.
Jhon no sabía que eran un engaño del Bloque Meta y fue reclutado por esta banda criminal. En febrero de 2015, sus familiares recibieron una fatal noticia. El joven ibaguereño fue asesinado y su cuerpo fue hallado desmembrado en el municipio de Puerto Concordia (Meta), en límites con el departamento del Guaviare. La misma zona donde fue liberada Jennifer.
Documento clasificado sobre reclutamiento en Ibagué
Estos dos casos hacen parte de un informe de 10 páginas que elaboró la Defensoría Nacional del Pueblo sobre el reclutamiento de personas en Ibagué por parte del grupo paramilitar que delinque en el departamento del Meta.
El documento, clasificado como Urgente, entrega recomendaciones a las autoridades civiles y militares para frenar el rapto de jóvenes desempleados, principalmente habitantes de la comuna tres de Ibagué.
De acuerdo con la alerta emitida por la Defensoría, al igual que en los casos descritos, al menos diez (10) hombres más entre los 20 y los 30 años de edad, habrían sido llevados a los departamentos de Meta y Guaviare con la oferta de realizar labores de erradicación de cultivos ilícitos.
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“Estas personas que tenían experiencia en esa tarea, habrían sido contactadas entre los meses de enero y marzo de 2014 en un billar del barrio El Carmen de la ciudad de Ibagué”, revela el informe.
La situación de amenazas es recurrente en la comuna tres, revela la Defensoría. En el mes de diciembre de 2014, en los barrios INEM, la Esperanza y el Carmen, se distribuyeron panfletos de las presuntas Águilas Negras, en los que se amenazó a algunos habitantes con acciones de limpieza social obligándolos a desplazarse forzadamente a otros barrios de la ciudad.
“En el sector rural como en el área urbana de la ciudad de Ibagué, hace algunos meses, se viene presentando hechos que parecen responder a lógicas del reclutamiento, desaparición forzada o trata de personas por parte del grupo armado ilegal posdesmovilización de las AUC que se autodenomina Bloque Meta”, relata la Defensoría.
Desempleo facilita el reclutamiento
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha venido identificando que sectores urbanos de Ibagué, como la comuna tres, por sus condiciones de vulnerabilidad social y el alto nivel de desocupación que afecta a la ciudad, “se está convirtiendo en zonas de reclutamiento de personas por parte de presuntos grupos ilegales, principalmente grupos armados posdesmovilización de las AUC que actúan en los llanos Orientales, particularmente en el departamento del Meta donde actúa el Bloque Meta”.
La entidad resalta que la capital del Tolima tiene aproximadamente 30 mil personas sin empleo, muchas de ellas menores de 35 años, y ha estado en los últimos 15 años entre las ciudades con más altas tasas de desocupación en Colombia, según el Dane.
Preocupa a la Defensoría que “que miembros de esta organización armada ilegal se estén reconfigurando en la ciudad y/o el departamento o estén instaurando redes que recluten jóvenes, hombres y/o mujeres, con la intención de vincularlos a su estructura bien sea como combatientes, vigilantes, realizando trabajos forzosos u obligarlos a actividades de prostitución y explotación sexual, entre otras actividades ilícitas”. 
Ninguna autoridad quiso pronunciarse en esta zona del país. Tampoco lo hizo la Defensoría del Pueblo en el Tolima.
