La quebrada Las Panelas nace en los cerros noroccidentales de Ibagué y junto a la quebrada La Balsa, forma una microcuenca que sirve de abastecimiento a dos acueductos comunitarios: el de Ambalá y las Delicias. Sus aguas desembocan en el río Chipalo, uno de los más importantes de nuestra ciudad.
La dañina mano del hombre, mediante la contaminación, la tala de árboles, el depósito de basuras, desechos y materiales no degradables, reducen su cauce y su caudal. Está herida de muerte y la construcción legal e ilegal acabará en pocos años con ella, ante la corrupta permisividad de las curadurías, Planeación Municipal, Cortolima y demás entidades responsables de su conservación.
Sobre su zona de protección ambiental se levantan construcciones, sin que autoridad alguna haga algo para evitarlas. El Plan de Ordenamiento Territorial es letra muerta en materia ambiental.
Desde mis cuentas de twitter y Facebook denuncié hace unas dos semanas, la construcción ilegal de un edificio entre el sector de Arkalá y Aures, a menos de cinco metros de distancia del cauce de la quebrada. Denuncia que soporté con fotografías que demuestran el evidente daño ambiental a la fuente hídrica, similar al que aguas arriba vienen haciendo constructoras legalmente constituidas y con licencias de urbanismo aprobadas.
Pocas horas después de realizada la denuncia pública, la jefe de prensa de Cortolima Zayra Tatiana Orjuela, me invita a aceptar su amistad en mi cuenta de twitter, la que acepto, teniendo acceso a la denuncia y las fotografías publicadas, que presumo era su intención.
Al día siguiente, funcionarios de Cortolima me solicitan por las redes sociales información sobre la ubicación exacta del daño ambiental, lo que hago, motivado por la inmediata reacción de la entidad estatal.
Inquieto por conocer los resultados de la intervención de Cortolima y de otras instituciones en las que se apoya la corporación ambiental, decidí visitar de nuevo la obra, con la nada agradable sorpresa que no solo habían terminado la plancha sobre el primer piso, sino que ya empezaban a levantar paredes y columnas para un segundo piso.
Una pequeña reunión con los habitantes del sector me ilustró sobre lo acontecido con las dos visitas realizadas por los funcionarios de Cortolima. No solo se permitió continuar con la construcción, sin licencia de curaduría y con un grave daño a la zona de protección hídrica de la quebrada, sino que los mismos funcionarios con sus celulares le mostraron al propietario de la construcción las cuentas desde donde se había hecho la denuncia y las fotos aportadas.
Hechos que fueron presenciados por la sorprendida comunidad, algunos de los cuales fueron reprendidos y amenazados por el constructor ilegal, suponiendo que ellos habían informado.
¿Cuánto valió el favor? No sé. Pero lo que sí sé es que denunciar, sí paga. ¿O no?
