Del “Affaire” UT-San Martín, ¿Quién pagará los platos rotos?

El 15 de febrero del 2005, la Universidad del Tolima y la cuestionada Fundación Universitaria San Martín, suscribieron un “convenio específico” de “Cooperación Académica, Técnica y Científica”, para ofrecer el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) en las ciudades de Armenia y Montería.
 
Dos años después, en diciembre, las dos universidades firmaron un nuevo “convenio específico” para ofrecer MVZ en la capital del Valle del Cauca, convenio que fue terminado por acuerdo de las partes y posteriormente renovado por 7 años más, en 2012.
 
La letra menuda de los acuerdos obligaba a las dos instituciones – en teoría – aportar “toda la experiencia y los recursos de carácter administrativo, académico y científico” para hacer realidad su empresa universitaria.
 
En la práctica, dichas “alianzas académicas” se suscribieron sobre la base de un “convenio marco” que se propuso la implementación conjunta de programas académicos de pregrado, posgrado y de educación continuada, para ser desarrollados en cualquier ciudad del país en donde funcionaran “Centros de Atención Tutorial” – CAT, de la San Martín.
 
Todo, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que permite a los programas de alta calidad (como MVZ de la UT) ofrecer programas académicos en extensión, siempre y cuando se garanticen los “estándares de calidad” y las mismas condiciones para la formación, la investigación y la proyección social de la “casa matriz”.
 
Pero el 8 de mayo del 2014, luego de una aventura de 9 años, (atravesada por duros conflictos con los estudiantes y los padres de familia de las tres sedes por los incumplimientos y las altas matrículas), la UT decidió “separar sábanas” con la San Martín. Lo hizo a través de tres actos administrativos que fueron ratificados unilateralmente tras el acta de liquidación que oficializó el divorcio, (y liquidó los convenios).
 
Actualmente, ninguno de los programas se oferta para nuevos estudiantes, pese a que el registro calificado de la extensión de Armenia fue aprobado por 7 años en el 2012. La extensión Montería no solicitó su renovación y no se oferta desde hace tres años. Cali, por su parte, tampoco cuenta con registro calificado, ni sede ni profesores, al igual que las otras dos extensiones, debido a la intervención del MEN sobre la San Martín.
 
En este caso, quien debe responder a los estudiantes y a los padres de familia – y a la sociedad en general, que deposita su fe pública en los profesionales que forman las universidades – es la UT, que ya tuvo que desembolsar de sus escasos recursos un poco más de 232 millones de pesos para poder concluir el semestre B de 2014.
 
Hasta el año pasado, habían matriculados 113 estudiantes en Armenia (de IV a X semestre), 162 en Cali (de IV a X) y 63 en Montería (de VII a X). Y para este semestre se mantuvo el 90 por ciento de esa matrícula.
 
Si en las últimas seis semanas del semestre pasado, por concepto de docencia, coordinación administrativa, gastos de funcionamiento, arrendamientos, entre otros, la UT gastó más de 200 millones de pesos, ¿Cuánto costará financiar la culminación del plan de estudios en las tres sedes? ¿El valor de la matrícula será el del convenio (al rededor de $4’700.000.oo el semestre) o se liquidará de acuerdo con los porcentajes de la tabla de matrículas de la UT (a partir de $375.752.oo)?
 
La situación no deja de ser problemática, máxime cuando las mismas directivas han anunciado déficit presupuestal, y los recortes en docencia, investigación y proyección se sienten profundamente.
 
Según las cláusulas del convenio marco, el acuerdo era el siguiente: del global de la matrícula en las extensiones, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UT percibía el 15 por ciento. A cambio, debía aportar una parte del cuerpo profesoral para atender la demanda de los programas. La San Martín por su parte, aportaba las sedes – los famosos CAT, y la otra parte del cuerpo docente. El convenio era operado por funcionarios y vigilado por procuradores que eran aportados por las dos universidades.
 
Se estima que hasta el 2013, año en que la San Martín dejó de pagar a la UT por concepto de matrículas, la Facultad de MVZ recibió cerca de 3.450 millones de pesos, dineros que, al parecer, ya no están en las arcas de la institución. Por lo menos es lo que permite inferir el hecho de que los recursos desembolsados el año pasado hayan salido del presupuesto general de la universidad y no de los del convenio.
 
De acuerdo con algunas denuncias presentadas en la última asamblea de profesores, ¡Esa platica ya se gastó! No obstante, la decanatura, a cargo de Libia Elsy Guzmán Osorio hace ya varios períodos, no le ha dicho oficialmente a la comunidad académica en qué precisamente, de ser cierto.
 
Tampoco ha aclarado la señora Decana si su hija hace o hizo parte de la dirección del convenio con la San Martín en la ciudad de Cali. Una situación que debe resolverse, teniendo en cuenta que la Doctora Guzmán Osorio hace parte de los Consejos Académico y Superior – máximos órganos directivos de la institución -, como Decana en el primero, y como representante de las autoridades académicas en el segundo.
 
Por ahora la San Martín le debe a la UT, a febrero de 2015, un poco más de 625 millones de pesos, suma que difícilmente se podrá recuperar debido a la compleja situación que afrontan esa universidad y sus directivos ante las autoridades.
 
Como es de esperarse, el tema de los recursos constituye en sí mismo un problema grave, pero no es el único en este caso.
 
Que no se tengan cuentas claras y públicas de los dineros del convenio, y que en el peor de los casos, no haya excedentes para cubrir por lo menos una parte de los gastos de éste hasta su liquidación total, es solo una parte de la historia. La otra es que por cuenta del esfuerzo presupuestal que debe hacer la universidad para que los estudiantes concluyan sus planes de estudio, como exige el MEN, toda la comunidad universitaria se verá afectada por los recortes que ya se están operando (aunque paradójicamente la robusta burocracia sigue in crescendo).
 
Sin embargo, quizá lo peor de todo es que las directivas de la UT pusieron el reconocimiento y la tradición académica y científica del programa de MVZ, y de la universidad misma, en manos de hampones profesionales, quienes a lo largo de su carrera delictiva se han especializado en multiplicar su riqueza a través de la expedición de títulos universitarios.
 
Esperemos que en esta oportunidad se asuman las responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinar que se tengan que asumir, y no sea un acto más de impunidad al que somos invitados, como testigos, a la privatización de la bonanza, pero, como protagonistas, a la socialización de la crisis. Y los responsables en los más altos cargos de la dirección “universitaria”.