Publicidad
Los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente los indocumentados, están expuestos a situaciones de alto riesgo y a ser víctimas de circunstancias que ponen en peligro su integridad física y moral.
Esta es una de las conclusiones del informe defensorial ‘Situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros en departamentos y municipios de frontera. Acciones y omisiones institucionales’, que entregó este miércoles el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
Los preocupantes resultados llevan a concluir que, aunque existe una política integral migratoria, esta va dirigida a la población en general, sin especificar acciones respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes, nacionales, extranjeros o con doble nacionalidad; asimismo, llevan a cuestionarse sobre la eficiencia y eficacia de las políticas, programas y estrategias dirigidas a detectar y prevenir estas vulneraciones, como su restablecimiento.
El informe presenta la caracterización de los niños, niñas y adolescentes nacionales y migrantes en riesgo o víctimas de violencia sexual, trabajo infantil o explotación laboral en los departamentos de frontera; los factores, prácticas y espacios protectores y de riesgo, que inciden en la garantía de los derechos y las recomendaciones defensoriales a las instituciones con responsabilidad en los temas abordados.
Publicidad
Los resultados obtenidos son producto de la labor de un equipo de profesionales tanto de las Defensorías Delegadas para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor y para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), quienes trabajaron en 24 municipios de 13 departamentos fronterizos.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones a entidades y autoridades como el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Departamento Nacional de Planeación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Migración Colombia; autoridades consulares; gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios de frontera, para que contemplen acciones específicas para la atención de la infancia y la adolescencia que se encuentre en situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, migrantes, nacionales o extranjeros, con énfasis en las problemáticas que se han constituido en prácticas sociales y que naturalizan la violencia sexual en todas sus formas, el tráfico, el trabajo infantil y la trata de personas.
