Publicidad
Al menos 12 habitantes de la Comuna 3 de Ibagué, según los reportes de la Fiscalía, fueron reclutados ilícitamente por un nuevo grupo posdesmovilizado conocido como las “FIAC”. Sucesores y hombres de confianza de alias “Cuchillo”. Y, además, presuntos responsables de las retenciones, amenazas e instrucción forzada en el manejo de armas.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, el pasado 18 de marzo, advirtiendo sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en esta comuna, a manos de una nueva “banda criminal” autodenominada “Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia” (FIAC), cuyos presuntos colaboradores en Ibagué fueron capturados por el Ejército y el CTI.
Dicho informe, revelado por ELOLFATO.COM el pasado 29 de abril, fue enviado con carácter de “urgente” a la Gobernador del Tolima, en el que se detallaba que las víctimas de este flagelo, en su mayoría, eran los desempleados de Ibagué, habitantes de los barrios de esta comuna. (Vea Desempleados de Ibagué son reclutados por paramilitares del Meta)
En su momento, la policía Metropolitana de Ibagué desestimó el informe de la Defensoría, diciendo que en la ciudad no había reclutamiento forzado por parte de estos grupos paramilitares, provenientes del Meta. Y que las desapariciones forzadas, a las que allí se hacía referencia, no contaban con la respectiva denuncia. (Vea Policía desmiente a la Defensoría y dice que no hay reclutamiento paramilitar en Ibagué)
Sin embargo, los casos documentados por la Fiscalía General de la Nación, coincide con la versión de la Defensoría, al describir que estas personas fueron llevadas mediante engaños para engrosar las filas de esa organización armada ilegal, entre octubre de 2014 y febrero del presente año.
Cómo fueron reclutados
La información conocida por la Defensoría del Pueblo indica que los jóvenes fueron incorporados a la “banda criminal” bajo el ofrecimiento de recibir salarios que rondan el millón y medio de pesos mensuales, a cambio de cuidar fincas en algunos municipios de Meta y Guaviare, y en otras ocasiones para realizar supuestas labores de erradicación de plantaciones de coca y amapola, lo cual no pasó no de ser una simple promesa sin compensación.
Publicidad
El trabajo interdisciplinario de la Defensoría permitió recopilar testimonios, de acuerdo con los cuales una vez las personas reclutadas llegan a la zona de influencia de la estructura delincuencial, son amenazadas y conducidas a lugares de instrucción, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas como fusiles AK-47 y M-16, granadas, explosivos y armas cortas tipo pistola 9mm.
Las declaraciones tomadas por esta institución indican que los jóvenes son obligados a desempeñar labores de extorsión a comerciantes de poblaciones cercanas, a la comisión de homicidios selectivos, y a la custodia, tanto de los comandantes de la “banda criminal”, como de los corredores para el transporte de alucinógenos, sumado ello a la función que cumplen como informantes sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
Mujeres y menores de edad también serían reclutados
Personas que lograron evadirse de la estructura criminal, advierten que mujeres igualmente jóvenes son vinculadas para ejercer las mismas tareas, incluyendo el manejo de armas, al tiempo que son sometidas a tratos crueles y degradantes que van desde la esclavitud hasta la violencia sexual. La Defensoría del Pueblo conoció la situación de una estudiante universitaria que logró escapar de sus victimarios y fue encontrada por las autoridades en zona rural de Puerto Concordia, Meta.
La Defensoría, que también verifica la posible vinculación de menores de edad, reconoció el trabajo de los organismos de investigación para lograr las primeras capturas, pero pidió el concurso del Ministerio de Defensa y las autoridades nacionales, pues los factores de riesgo persisten y el fenómeno podría trasladarse a otras zonas del país, dados los antecedentes de quienes están al frente del grupo posdesmovilizado de las “FIAC”.
