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El secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, dijo no compartir la decisión del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón de enviar el POT al Tribunal Administrativo. Para él, la Administración municipal cumplió con todos los términos de Ley.
El funcionario también habló del proceso y la responsabilidad que, al parecer, según él, tuvo el Concejo municipal de no dar trámite a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial durante los 90 días que estipulaba la ley.
¿Qué pasó con el trámite del POT?
Tuvimos una inquietud jurídica que en el fondo es lo que nos tiene en esta discusión. Si el Concejo municipal no daba ningún debate o discusión, el proyecto debía ser archivado de manera automática, pero no. La única forma de que un Plan de Ordenamiento sea archivado es que se presente una ponencia negativa y la misma sea aprobada en la comisión, lo cual no es el caso de Ibagué.
Aquí ni siquiera se radicó ponencia. Nosotros entregamos este concepto pero el Concejo no actuó. Es decir que independientemente de la razones, la Corporación se tardó los 90 días, según la ley para darle trámite y no lo hizo. Tampoco hubo un pronunciamiento.
Da la impresión de que se tiraron la pelota entre ustedes, porque ni el Concejo procedió ni la Administración habló claro.
Nosotros le planteamos al Concejo el concepto del Consejo de Estado, pero ellos decidieron no asumirlo. Nos dijeron que debíamos radicar nuevamente el POT y con eso no estábamos de acuerdo.
Volver a radicar implicaba una actuación administrativa desde el comienzo y el cabildo abierto ya se había adelantado en sesiones extras, no había forma de automatizarlo en un nuevo radicado. Era riesgoso jurídicamente porque esas personas que participaron hubieran podido emprender alguna acción contra el proyecto.
Nosotros para tratar de dar alguna salida desesperada, elevamos un concepto específico para el caso ante el Ministerio, pero desafortunadamente no alcanzó a llegar a tiempo. Nos amparamos en el Consejo de Estado y los términos de los 90 días estaban corriendo sin un pronunciamiento del Concejo, lo cual habilitaba la facultad para que el Alcalde lo firmara por decreto.
Me dice que tuvieron el respaldo del Consejo de Estado para proceder, pero que aun así trasladaron dudas al Ministerio. ¿Fue una estrategia de la Alcaldía para estancar el trámite del POT en el Concejo y finalmente firmarlo por decreto?
Yo te lo puedo decir así de sencillo: nosotros en ningún momento le quitamos la atribución al Concejo municipal. Si ellos hubieran querido radicar una ponencia, lo hubieran podido hacer.
Nosotros remitimos las preguntas al Ministerio con el afán de garantizar la mayor tranquilidad jurídica. Lo hicimos como una medida desesperada, no fue ninguna maniobra dilatoria porque nunca le dijimos al Concejo que no lo discutiera mientras tanto. Ya si la Corporación prefirió esperar nuestro concepto y no actuar es otra cosa.
Pero entonces el que dilató el trámite del POT, ¿fue el Concejo municipal?
Lo que yo estoy diciendo es que nosotros elevamos un concepto para dar mayor claridad, pero al elevar ese concepto en ningún momento se retiró el proyecto de la Corporación para su debido trámite. Siempre hasta los últimos días de las sesiones ordinarias en noviembre, el proyecto estuvo en el seno del Concejo para discusión.
¿En qué momento ustedes ponen en conocimiento ese concepto del Consejo de Estado que los favorecía?
El día que se estaban instalando las sesiones ordinarias.
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Como administración tenían claro eso, pero cuando se le preguntaba al Alcalde, él mismo respondía que no tenía claro si el POT estaba cursando trámite, o si tenía que retirarlo y volver a presentarlo. Hasta el mandatario tenía esa inquietud.
Por esa inquietud es que nosotros solicitamos el segundo concepto al Ministerio. Para nosotros se podía pero como el Concejo dijo que no aceptaba lo del Consejo de Estado, pues buscamos uno más.
¿Ya llegó el concepto del Ministerio?
No, estamos esperando la respuesta todavía.
Se cumplieron los 90 días de términos sin pronunciamiento del Concejo y ustedes decidieron firmar el POT por decreto…
Se daban dos escenarios: uno era una nueva radicación empezando las sesiones en el mes de marzo, que fue el escenario al cual le tuvimos mucha prevención por perder el cabildo. Segundo, revisando el concepto del Consejo de Estado el proyecto estuvo vivo hasta el día 90 en el Concejo.
¿Por qué no se tomaron la molestia de empezar otra vez de cero ante el Concejo y seguir pensando que era el “plan z” firmar el POT por decreto?
Insisto, porque perder el cabildo abierto nos generaba mucha preocupación. Esos 77 ciudadanos podía demandar por no tenerlos en cuenta en el nuevo proceso administrativo. Siempre hubo prevención desde el punto de vista jurídico.
A pesar de esas prevenciones, la verdad hoy es que el decreto está en el Tribunal Administrativo, y será este ente que entrará a definir si es legal o no. ¿Es irónico que se esté dando lo que tanto evitaron?
Desafortunadamente la Administración departamental decidió remitirlo pero lo que hay que decir es que la gran perjudicada es la ciudad, no el Alcalde. Más de 100 mil personas que hace parte de los 51 asentamientos están pendientes por legalizar y quedarían en el aire. Asentamientos que necesitan ser incorporados al suelo urbano.
Somos respetuosos de cada una de las entidades, pero no lo compartimos entendiendo que es una actuación extra temporánea porque los términos se vencieron el 2 de febrero.
Es decir, ¿la decisión del Gobernador no va en contra del POT sino de los ibaguereños?
Es la lectura que nosotros hacemos.
