Publicidad
Después de tres meses y seis días sin regulación en las vías de la ciudad, la Secretaría de Tránsito Municipal y la Dirección Nacional de la Policía firmaron un convenio interadministrativo de cooperación por $4.697 millones para controlar la movilidad en la capital tolimense.
A partir de este miércoles los ciudadanos tendrán que acatar las normas de tránsito, pues los agentes tienen nuevamente la facultad para imponer comparendos.
“El convenio interadministrativo de cooperación fue celebrado entre la Policía Nacional y el Municipio, esto debido a que ya se superaron los trámites administrativos y la liquidación de un convenio del año 2015 que se suscribió entre las entidades”, dijo Hernán Silva, secretario de Tránsito de Ibagué.
El funcionario explicó que dicho convenio estipula que el Municipio tiene a su disposición 50 agentes que realizarán las labores enmarcadas en el Código Nacional de Tránsito y que trabajarán por el control de la movilidad en Ibagué.
“Dentro de este convenio se aunarán los esfuerzos para regular el transporte en todo el Municipio, promover la seguridad vial y fortalecer las condiciones necesarias para la movilidad”, sostuvo Silva.
Para este convenio, la Alcaldía realizó un aporte de $2.154 millones, mientras que la Policía Nacional aportará otros $2.543 millones.
Los inconvenientes
Publicidad
El lío con el convenio de tránsito parecía no tener solución. De anuncio en anuncio y de plazo en plazo se la pasaron funcionarios de la Alcaldía de Ibagué que en reiteradas ocasiones dijeron ante los medios de comunicación locales que el problema sería resuelto. Sin embargo, hasta este martes se conoció la noticia.
Fueron más de tres meses sin ningún control en materia de movilidad, situación que generó que algunos ciudadanos condujeran sus vehículos en estado de embriaguez, se pasaran semáforos en rojo o evadieran la restricción del ‘pico y placa’.
Pero esto no fue lo único. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Ibagué, este periodo de tiempo afectó de manera significativa las finanzas del Municipio, toda vez que los ingresos de comparendos por infracciones de tránsito disminuyeron notablemente entre julio y septiembre de este año. Según la entidad gremial, el detrimento patrimonial alcanzaría los $1.000 millones.
