Hace unos días el presidente Santos hizo una presentación acerca de la actualidad económica del país. Dijo que la economía se encuentra fortalecida y que le deja al próximo gobierno una economía más sólida de la que encontró hace ocho años; Santos finalizó pidiendo que quien lo suceda, produzca cifras como las de su gobierno.
Es una petición que, sin duda, hay que omitir. Resulta ilógica, casi una burla. Crecimientos del Pib de apenas 1.8 %, que no se registraban hace una década; contracciones en sectores como la industria; aumentos del 109 % de la deuda pública durante su gobierno; más de $92 billones comprometidos en vigencias futuras; la confianza del consumidor en terreno negativo durante dos años y la capacidad adquisitiva de los colombianos golpeada por dos reformas tributarias, una de las cuales aumentó el Iva del 16 % al 19 %. Esas son las cifras del gobierno de Santos.
Adicionalmente, el debilitamiento de las instituciones generó choques sobre el desempeño económico de nuestro país, un círculo vicioso. Bajos niveles de institucionalidad generan efectos adversos sobre la competitividad y propician las condiciones para el crecimiento de la economía subterránea. Aquí hay más cifras, según el Índice Mundial de Competitividad de 2017 – 2018, Colombia ocupa el puesto 66 de 137 países; el resultado del pilar más preocupante es el de instituciones donde el país ocupa el puesto 117 de 137. El estudio resalta el nivel de corrupción, las altas tasas impositivas y la ineficacia y elevada burocracia del gobierno como dificultades para hacer negocios. Cifras que al parecer Santos pide que su sucesor siga produciendo.
Por otra parte, según un estudio de Anif, la economía subterránea en Colombia es del 39.8 % del Pib, un porcentaje elevado si se compara con el de países de la región como Chile del 18.7 % del Pib. La economía subterránea agrupa a la economía informal y la ilegal.
La primera, tiene que ver con la alta informalidad laboral y empresarial y a la evasión y elusión de impuestos. En Colombia, la relación de cotizantes versus la población económicamente activa es de apenas el 43 %, la informalidad en las mipymes supera el 54 % y la evasión al impuesto de la renta bordea el 27 % y la del Iva el 23 %.
La economía ilegal, que agrupa las actividades de narcotráfico y contrabando, también está lejos de tener cifras positivas que se quieran seguir produciendo. Las más de 200.000 hectáreas de hoja de coca que se estima hay sembradas, hablan del fortalecimiento de la economía del narcotráfico.
Nuestro país y nuestra economía merecen retomar el rumbo. Un gobierno del Centro Democrático tiene la firme convicción y capacidad de llevar a cabo un manejo austero de la economía, que vele por un gasto público focalizado, eficiente y sea responsable con el endeudamiento público.
Un gobierno capaz de llevar a cabo una profunda simplificación tributaria, con tasas impositivas más competitivas y apoyada en la factura electrónica, que permitan mejorar el recaudo tributario y reducir la evasión y la elusión. Un gobierno donde las cifras coincidan con el bienestar de los colombianos.
