Crisis UT: “Hubo una actitud violenta contra el presupuesto de la universidad”

ELOLFATO.COM: Usted viene de la oposición, de un proceso de asamblea permanente, y ahora pasa prácticamente al gobierno universitario. Qué ha encontrado en ese “empalme”, si se puede llamar de esa manera.

Alexander Martínez Rivillas: Como representante de los profesores al CS tengo participación plena de los comités de becas, desarrollo de la docencia y de contratos y licitaciones. En esta última es en donde he encontrado asuntos más delicados.

Lo primero que hay que decir es que no existe una cultura de la memoria escrita sobre las cosas que se discuten y deciden en esos comités ni en el mismo CSU. El hecho de que no se tengan listas y no se publiquen las actas de manera diligente acusa un descuido enorme de las personas que en principio deben encargarse de ese tipo de gestiones.

En el comité de becas también solicité un informe, sobre su trabajo y sobre los temas más críticos a los cuales se enfrenta el comité. No existe una política consistente de becas, y el proceso de selección no se encuentra integrado a un sistema de información único, y eso hace muy difícil el proceso de selección objetiva de becas.

En la comisión de desarrollo de la docencia no pude acceder a la información, a pesar de que pedí un informe detallado de los temas que se manejan ahí y de los conflictos que se han generado en el último período. No he podido acceder a las actas, solo me han entregado la normativa y una información muy básica, general.

ELOLFATO.COM: ¿Cuáles son esas inconsistencias y en qué procesos?

Alexander Martínez Rivillas: Tienen que ver con una formulación antitécnica de los pliegos, una debilidad enorme en la parte de jurídica que los soportan, además de un modelo muy manipulable de evaluación de los oferentes. Estamos hablando de dos licitaciones: una que tiene que ver con aulas interactivas, que es apenas una dotación de computadores con las instalaciones correspondientes. Estamos hablando de 308 aulas en todo el departamento y que asciende a los 4.500 millones de pesos.

No es clara la participación de la universidad en el objeto social de la licitación. Una universidad actuando como suministradora de computadores, o actuando como contratista para la instalación de computadores, realmente me parece muy precario, además de que genera gastos administrativos y unos procesos muy farragosos de interventoría y supervisión que le pueden generar a la universidad más problemas que soluciones.

La universidad allí no hace extensivo el propósito de su misión ni de su función social, por lo menos en los pliegos no vimos que la universidad aportara a nivel de software, o de un modelo de TIC que dé soporte a un modelo pedagógico, es decir, no se entiende con claridad cuál es el propósito de la universidad en este proceso de suministrar computadores.

El otro tema complicado en esta licitación es el equipo técnico que elaboró los pliegos. Ese equipo tenía que entregar una documentación sólida, se le pagó durante varios meses por eso, pero su trabajo en mi concepto fue realmente mediocre. Lo que encontré en particular es que el personal contratado no hizo una de las tareas fundamentales que era preparar unos pliegos técnicamente bien hechos, con unos diseños previos que tenían que hacerse rigurosamente.

Este es un tema delicado, que la actual dirección lamentablemente no está dispuesta a discutir ni académica ni técnicamente, y la muestra es que no me volvieron a convocar al comité. Eso es delicado, es objeto de control disciplinario, así que eso se pondrá en conocimiento. El modelo de evaluación de los oferentes es manipulable, de tal suerte que varios proponentes pueden ponerse de acuerdo y garantizar el ganador de antemano. Eso me parece una situación que no es transparente y que está violando unos principios mínimos de transparencia, igualdad y eficiencia.

ELOLFATO.COM: ¿Y cuál es el otro proceso licitatorio?

Alexander Martínez Rivillas: La otra licitación está relacionada con construcción de un parque temático, Innovamente, y la elaboración de unas maletas de divulgación científica que ascienden a la suma de 4.500 millones de pesos. Ese proyecto no se ajusta a las condiciones mínimas de formulación de un proyecto.

Lo primero es que el lote donde se va a construir debe estar absolutamente saneado para construir la obra, la otra es que el uso debe estar perfectamente conceptuado por la entidad territorial que le corresponde, y debe haber un documento legal en donde la entidad que ejerza propiedad legal sobre los inmuebles acepte la instalación de la nueva infraestructura. Esa es una claridad que hay que tener anterior a la formulación del proyecto. Lo segundo es durante la operación del proyecto. Eso, al parecer, ni siquiera está garantizado. (Ver: Por negligencia administrativa, UT pierde $13.600 millones)

El otro elemento es que los pliegos están formulados para que el diseño y la construcción se haga con el mismo contratista. Mi experiencia en el tema de la contratación pública lo que me dice es que para este tipo de proyectos tan complejos lo primero es hacer los diseños con un contratista y luego hacer la obra pública en otro escenario de licitación con otro contratista. Eso es absolutamente elemental y es el ABC en este tipo de contrataciones.

ELOLFATO.COM: Algunos grupos de profesores, trabajadores y estudiantes ven en el origen de la crisis de la UT el desfinanciamiento del Gobierno Nacional. Otros grupos, por el contrario, explican la crisis por un problema de administración. ¿Usted qué opina de estas dos posiciones?

Alexander Martínez Rivillas: Lo primero es que está probado que hubo una administración muy ineficiente en el manejo de los recursos de la universidad. El segundo elemento es que se presentó una serie de inconvenientes relacionados con el tema de la gestión de los recursos, que no se enfrentaron con elementos técnicos, jurídicamente ciertos, y que más bien se improvisó mucho y se afrontaron con una serie de desaciertos. Lo tercero es que se implementó una agenda oculta del despilfarro y de la cooptación de líderes de distintos sectores que impidió que los mecanismos de autocontrol o de autoregulación que normalmente tiene una universidad funcionaran.

Y hay cosas anexas como situaciones de corrupción, como situaciones de gastos desmedidos o irracionales en la alta burocracia, y otro tipo de elementos que tendrán que establecer los organismos de control con claridad. Las denuncias ya se han hecho (Vea. Denuncia ante órganos de control). Con el Hospital Veterinario, que es uno de los problemas que no se supieron gestionar, las cosas apuntan a eso: la universidad no tiene un organismo interno que sea capaz de asumir ese tipo de procesos, de diseño y convocatoria de una licitación por ejemplo. (Ver: El oscuro parto del nuevo “elefante blanco de Ibagué”: el hospital veterinario de la UT)

Sobre el déficit, por ejemplo, el Rector no puede argumentar que la crisis deriva del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con el presupuesto de funcionamiento de la institución. Eso es una perturbación deliberada de los hechos. El déficit de funcionamiento no existía, la universidad estaba solvente, y lo que se produjo fue un despilfarro, el gasto no planificado e ineficiente del recurso, al punto que después de dos años de gestión del Rector – 2013 y 2014 – se empezó a evidenciar ya la necesidad de un crédito.

Y esto se hizo mucho más grave cuando a partir de 2012 la matrícula empieza a disminuir de una forma acelerada por una política interna de esta administración. Pasamos, desafortunamente, de 39 mil matrículas a 19 matrículas entre 2012 y finales de 2015. Esa pérdida de matrículas tan importante lesionó los intereses de la universidad.

Lo otro es los altos costos en una alta burocracia, que asciende a los 10 mil millones de pesos año y que apenas vincula a 98 funcionarios. Aquí se presentaron situaciones tan pintorescas como por ejemplo que un funcionario, recién enganchado a la universidad, terminó ganando más que un doctor. Es decir, hubo una actitud violenta contra el presupuesto de parte de una política y de unas decisiones administrativas que permitieron este tipo de abusos y que desfiguraron totalmente la misión de la universidad.

ELOLFATO.COM: El Rector ha planteado tres medidas para sacar a la universidad de la crisis: intervención a través de la Ley 1740 de 2015 de Inspección y Vigilancia, reestructuración de pasivos a través de Ley 550, y endeudamiento. Él se inclina por la última, ¿por cuál se inclina usted o cuál es la alternativa?

Alexander Martínez Rivillas: La 1740 es una ley violatoria de la autonomía universitaria. Incluso hay ya iniciativas de demanda de inconstitucionalidad de esa ley, sobre todo porque no se surtió a través de un proceso de consultas en las universidades. Lo otro es que el ministerio no tiene el personal para hacer una diagnosis objetiva y transparente de lo que pasa al interior de la universidad.

El informe que entregaron recientemente es un informe accidentado, desarticulado, impreciso, que no comprende la complejidad del fenómeno de la universidad. Incluso pone la atención sobre gastos que sí explican una parte de la crisis pero no explica elementos esenciales de la misma. Con la Ley 550 tampoco estoy de acuerdo por varias razones: la primera es que la universidad ni siquiera cumple con las condiciones mínimas para poder aplicarla. (Ver: Ministerio de Educación se hizo ‘el mudo’ ante la crisis de la Universidad del Tolima)

Lo otro es que, para lo que inicialmente se pensaba que era para liberar recursos de destinación específica tampoco sirve. O sea que, la Ley 550 en realidad nos pondría en una racionalidad bastante cuadriculada sobre el uso de recursos propios que al final lesionarían de manera importante la libertad que tiene una universidad de darse sus propias políticas de inversión en lo académico. El Rector y su equipo han presentado el endeudamiento como la única alternativa que hay que asumir.

Yo le digo al Rector que el endeudamiento siempre es una alternativa de las entidades públicas, pero es una alternativa que hay que analizar con precisión. Yo considero que no es necesario, por ahora, el crédito. Y no es necesario porque existen otras alternativas para poder generarle ahorros o recortes en gastos fijos a la UT sin la necesidad apremiante de solicitar un crédito. Esa es una decisión que le genera a la universidad menos costos y más beneficios.

Luego, si la universidad después de aplicar un plan de ajuste se ve abocada a hacer un empréstito, es perfectamente válido hacerlo. Pero considero que el orden de las actuaciones debe ser este, y no al contrario. El crédito, reitero, no se puede presentar como la única alternativa que tiene la universidad. Eso es retórico, es antitécnico y es antiacadémico, y es una evidencia más de que el Rector no tiene conocimiento sobre la gestión pública y que todo el tiempo está recurriendo a prejuicios sobre estos problemas.

ELOLFATO.COM: ¿Y qué otras alternativas tiene?

Alexander Martínez Rivillas: La universidad debe hacer varias intervenciones: Tiene que desarrollar un plan de austeridad. Y esa plan significa reducir gastos administrativos especialmente en la alta burocracia. Ese es un imperativo para poder liberar más de 5 mil millones de pesos. Tiene que implementar un plan muy estricto de austeridad en lo que tiene que ver con la contratación de transitorios y de contratos de prestación de servicios (CPS).

Estas deben estar sometidas a un plan de racionalización del gasto muy fuerte. Es inadmisible que hoy el Rector tenga a casi cien funcionarios como transitorios y una cifra muy superior en CPS para este año, sin darle una justificación seria y técnica al Consejo Superior sobre la necesidad de esas contrataciones, los perfiles de los contratistas, etc. Eso es totalmente irracional.

ELOLFATO.COM: ¿Y la deuda de la Gobernación no sería una fuente de recursos frescos para la universidad en este momento?

Alexander Martínez Rivillas: Acá siempre hemos tenido un déficit de financiación de la política. Aquí nos toca, es un deber, como universitarios, exigir el aumento de las transferencias del gobierno central a la UT. Mientras la Universidad Nacional recibe, por estudiante al año, más de 12 millones de pesos, la UT apenas recibe 2’500.000 en promedio. Esa brecha regional en la distribución de las transferencias está lesionando gravemente la política de desarrollo de la universidad.

Entonces, el déficit de política respecto del gobierno central es enorme. Sobre la gobernación es lo mismo. Tenemos una obligación de exigirle a la gobernación el pago de la deuda, que perfectamente es una deuda social, en términos constitucionales. Esa deuda social está plenamente justificada porque durante varios años no se hicieron transferencias. Esa situación no se puede obviar. (Ver: Análisis deuda gobernación con la UT).

La Gobernación aportó menos de los recursos que debía desde 1993 hasta 1999. Después solo volvió a aportar hasta 2004 y después hasta 2012, violando de manera crasa la norma. De hecho se presume que la gobernación hizo una interpretación deliberada en su momento para manipular el texto legal.

No solamente no ha transferido lo que le ordena la norma, sino que incluso ha reducido el monto sistemáticamente, cuando lo que el texto legal dice es que se debe incrementar en términos constantes la transferencia. Entonces, trayendo los precios a hoy, sin aplicar intereses, la gobernación le adeuda a la universidad 104 mil millones de pesos. Y es una deuda social que la gobernación debe atender y debe pagar. Estamos a la espera de saber qué compromiso va a asumir en el cuatrenio el actual gobernador para poder cancelar las deudas que se tienen.