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La decisión de Cortolima de suspender el trámite de la licencia ambiental en Ortega tiene una razón de peso: la consulta previa.
Según la resolución firmada por Jorge Enrique Cardoso, director de la Corporación, Hoover Henry Ocampo y Darío Cabrera Uribe solicitaron la licencia para explotar un yacimiento de oro sobre el río Tetuán, pero sin haber adelantado el respectivo proceso de consulta previa ante los indígenas.
Parece ser que una contrariedad del Ministerio del Interior sobre la presencia de resguardos en las coordenadas del proyecto, no permitió esclarecer si se debía llevar a cabo el mecanismo de participación.
Sin embargo, al margen del río Tetuán, en la vereda Rincón de Canalí existe la parcialidad indígena Canali Ventaquemada y Kiloka Playa Verde, y el resguardo indígena Pocora, las tres de la Etnia Pijao que conviven en zona de influencia del proyecto.
Las comunidades indígenas ya han exigido que se adelante el proceso de consulta. Lo hicieron incluso el pasado 15 de agosto, en una audiencia adelantada por Cortolima.
Allí la mayoría de sus gobernadores se opusieron al proyecto y solicitaron la realización del mecanismo, en razón a su presencia en la zona. Esta petición fue respaldada por la mesa directiva del Concejo de Ortega y el procurador ambiental y agrario, Ernesto Cardoso Camacho.
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Siendo así, el director de Cortolima suspendió el trámite de la licencia, hasta tanto no se consulte con los indígenas su posición frente al proyecto que, incluye además, extracción de materiales para la construcción.
Dato
El decreto 1320 de 1998 establece la obligatoriedad de la consulta previa con las comunidades negras o indígenas presentes en la zona de influencia de un proyecto.
Foto: Tomada de Internet.
