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Después de tres años disputas legales y ambientales, parece que la novela por la reubicación del Politécnico Luis A. Rengifo, conocida como la ‘correccional’ del barrio Claret, llega a su final.
Cortolima ordenó la demolición de las obras y declaró responsable a la Alcaldía de Ibagué por las infracciones ambientales ocasionadas en la vereda La Palmilla, cerca al barrio El Salado, donde pretendían construir el nuevo centro de resocialización de menores infractores.
La decisión fue adoptada a través de la resolución 1291, y firmada por el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, el pasado martes 26 de marzo.
El lío lo generó esta construcción, de 12 mil 552 metros cuadrados, que iniciaron saltándose las normas ambientales que había advertido la Corporación Autónoma Regional.
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Recordemos que proyecto tuvo luz verde gracias a que el Concejo de Ibagué aprobó el Acuerdo 031 de 2012 con el que se modificó el uso del suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sin tener en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Totare, que se constituye en norma superior jerárquica y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, según el artículo 10 de la ley 388 de 1997, argumentó Cortolima.
Esta zona está ubicada en un área de protección ambiental especial, donde se debe preservar la cuenca del río Totare y el uso del suelo determina que sólo se pueden desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos.
La resolución fijó un plazo de dos meses a la administración para que cumpla con la demolición, una vez quede en firme la decisión. La Alcaldía puede interponer los recursos de ley.
En este fallido proyecto pretendían invertir $7.940 millones, de los cuales se alcanzaron suscribir contratos y convenios por valor superior a los $1.500 millones.
