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El empresario antioqueño Juan Raúl Solórzano, quien desde hace más de tres años está encargado de la operación del reconocido centro vacacional Playa Hawái (antes Tierra Caliente), tendría que devolver ese bien al Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero (Corbanca), ante la imposibilidad de cancelar las cuotas pactadas en un contrato de proceso de cesión de derechos fiduciarios, suscrito el 19 de febrero del año 2014.
El negocio se hizo por $14.700 millones, de los cuales Solórzano pagó -de entrada-: $4.000 millones, como se acordó en el contrato. El saldo, $10.700 millones, se pagaría en 8 cuotas semestrales de $1.337.500.000.
El presidente de la junta directiva de Corbanca, Luis Fernando Valencia, le dijo a EL OLFATO después de los dos pagos iniciales, Solórzano no volvió a cancelar las cuotas y que en la actualidad adeuda $8.000 millones, más los intereses respectivos, cifra que no fue revelada por el directivo.
Valencia sostuvo que el negocio con Juan Raúl Solórzano no ha sido fácil, no solo por el incumplimiento en el pago de la obligación, sino también porque él como “cesionario” decidió hacerle mejoras al centro vacacional y cambiarle el nombre al establecimiento sin autorización alguna de Corbanca.
Ante estos hechos, Corbanca recurrió a un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá para dirimir este conflicto y recuperar el centro vacacional, pero los elevados costos de los honorarios de los árbitros imposibilitaron el trámite.
Los honorarios costaban cerca de $3.600 millones, suma que debía ser cancelada por las dos partes. Cerrada esa instancia, ahora Corbanca iniciará un proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria y está recibiendo ofertas de personas interesadas en comprar esos derechos litigiosos.
Quien compre este proceso, en el cual hay altas probabilidades de éxito, se quedará con 33 hectáreas, 10 de ellas tienen construida la infraestructura del centro vacacional, y otras 23 hectáreas corresponden a un lote urbanizable.
El costo actual de este predio aún no se ha estimado. “Los derechos litigiosos no se tiene tasados, y es a partir de una oferta formal que se le haga a Corbanca, que se puede acceder a cierta información del negocio como tal”, expresó Valencia.
Según pudo conocer este medio de comunicación, Juan Raúl Solórzano, quien en principio se dedicaba a la comercialización de carros de alta gama y el alquiler de camionetas blindadas al Estado, incursionó en el negocio del turismo casi por accidente.
Solórzano se interesó en adquirir el terreno donde está ubicado el centro vacacional porque pretendía revendérselo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima, pero esa negociación no prosperó. (Ver: Por posible tráfico de influencias, se cayó evento del folclor en Playa Hawái)
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Las cosas no le salieron muy bien y sus millonarias deudas lo llevaron a declararse prácticamente en quiebra.
El 29 de septiembre de 2017, la Superintendencia de Sociedades lo admitió en el programa de reorganización empresarial, con lo cual ha podido sortear los embargos y demás procesos que hay en su contra por no cumplir con sus acreedores, la mayoría de ellos por préstamos personales.
Solórzano dice que responderá por sus obligaciones
El empresario Juan Raúl Solórzano reconoce que atraviesa un difícil momento económico, como consecuencia un mal negocio que hizo con el Estado, justo cuando cerraba el contrato con Corbanca.
“Cuando yo les compré el predio a ellos, yo en ese momento tenía un contrato con la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el alquiler de 380 vehículos, y tenía un flujo (económico) de $1.400 millones mensuales, que era correspondiente a los vehículos que yo les tenía a ellos. Desafortunadamente, por un manejo interno en la UNP, y los exsocios míos, que me jugaron una pasada fea y me sacaron de la negociación, me quitaron un contrato que valía $64.000 millones; por esos hechos he interpuesto dos demandas contra la UNP”, explicó.
El empresario antioqueño asegura que con la expectativa económica que tiene por el negocio del alquiler de los autos al Gobierno Nacional respondería no solo por las obligaciones pendientes con Corbanca, la Dian y el comerciante Hernán Montoya, directivo nacional de Fenalco, a quien le debe cerca de $15.000 millones.
