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Ya han pasado 144 días desde que el Concejo de Ibagué aprobó la consulta popular minera, pero el Tribunal Administrativo del Tolima todavía no ha dado el concepto de constitucionalidad que haría posible que los ibaguereños salieran a votar. Por ese motivo, el Comité Ambiental del Tolima está convocando a una manifestación pacífica con el objetivo de que por fin haya un pronunciamiento acerca de la viabilidad de la consulta.
Según Renzo Alexander García, integrante del Comité Ambiental del Tolima, actualmente existe mucha preocupación entre los promotores de la consulta popular minera porque el Tribunal se ha demorado más de tres meses en emitir un concepto.
«Creemos que es necesario que se agilicen los pronunciamientos. La ley es muy clara al establecer unos periodos y eso ha imposibilitado que las comunidades puedan empezar a adelantar todas las actividades de proselitismo a favor del “no a la minería contaminante”, dijo García.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas están convocando a los tolimenses para realizar un ‘plantón’ pacífico en frente del Palacio de Justicia a partir de las 5:00 de la tarde de este viernes 22 de julio, todo ello para exigirle al Tribunal Administrativo del Tolima que no guarde más silencio y que emita un concepto acerca de la consulta popular minera.
«No tenemos idea de por qué tanta demora. Nosotros hemos leído la ley 134 de 1994, la Ley 2757 del 2015, y lo que plantean estas leyes de manera expresa es que el Tribunal tiene entre un mes y dos meses, máximo, para pronunciarse al respecto del concepto de constitucionalidad que tiene que darle a la propuesta de consulta popular que elaboran los alcaldes o la que establece la comunidad cuando se realiza de manera popular», manifestó el ambientalista.
Recordemos que el pasado 30 de abril ELOLFATO.COM reveló que los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Tolima ya habían votado favorablemente por la constitucionalidad de la consulta, y que se esperaba que el fallo fuera emitido el pasado 2 de mayo. (Ver: Tribunal Administrativo del Tolima aprobó la consulta minera de Ibagué)
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Sin embargo, a los pocos días se conoció que Belisario Beltrán, uno de los togados encargado de decidir la viabilidad de la consulta, supuestamente estaba impedido para participar en la discusión de la iniciativa popular porque una de sus hijas tiene contratos con la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Hija de magistrado que votó la consulta minera recibió contrato de la Alcaldía de Ibagué)
Así pues, de acuerdo con García, esta última situación desencadenó múltiples presiones al Tribunal Administrativo del Tolima que pudieron haber generado que la decisión sobre la consulta popular minera se dilatara.
«Nos sorprendió que se haya congelado en el tiempo el asunto, porque hasta donde conocimos de manera informal era que la consulta ya tenía el aval de constitucionalidad, lo que le iba permitir a la comunidad irse consolidando como la primera ciudad capital del mundo en decirle no a la minería contaminante. Eso ha generado que los sectores promineros, gubernamentales, comiecen a hacer presiones indebidas, tratando de hacer fracasar la propuesta de la consulta popular y poniendo la mayor cantidad de palos en la rueda«, concluyó.
