¿Contratación a dedo para la socialización de las políticas públicas en la Gobernación?

Bajo el contrato de prestación de servicios número 2240, la Corporación para el Desarrollo de Comunidades Productivas, Corprod, estaría recibiendo por parte de la Gobernación del Tolima $189.850.000 para la socialización en el departamento de las políticas públicas de Derechos Humanos y Libertad Religiosa, sin estar todavía en aprobación como ordenanzas por parte de la Asamblea del Tolima.

Actualmente una de las iniciativas, Derechos Humanos, pasó en tercer debate y espera ser sancionada por el gobernador Óscar Barreto Quiroga, mientras que la otra, Libertad Religiosa, pasa a tercer debate en la Duma.

El documento allegado a EL OLFATO, por parte del diputado del partido de la U, Jairo Forero, es claro en indicar que la firma del convenio entre la Secretaría del Interior y Corprod se dio en el año 2018, cuando ambos proyectos estaban hasta el momento siendo aprobados en primer debate, por lo que sin ser políticas ya eran objetos de socialización por parte de la Corporación.

«El secretario del Interior debe explicarle a los tolimeses cómo es que el día 3 de diciembre de 2018 firma un contrato con un operador de la señora Julieth Arana Herrera, llamado Corprod, para solicializar las políticas públicas de Derechos Humanos y Libertad Religiosa en los diferentes municipios», explicó el asambleísta.

Al mismo tiempo dejó claro que ese contrato era imposible de firmar, ya que hasta el pasado 17 de febrero en horas de la noche en sesión de la Asamblea se aprobó en tercer debate la política pública de Libertad Religiosa y Culto, «hasta ahora la política de Derechos Humanos está en trámite y seguramente irá hasta el 28 de febrero».

La duda puntual del diputado Forero es el porqué se suscribió un contrato de prestación de servicios para solicializar algo que según sus palabras «no existe».

«A pesar de que tiene un acta de suspensión del contrato del 20 de diciembre de todas maneras se realizaron 16 días y quedan 14 más por ejecutar», subrayó.

¿Contratación a dedo?

Sobre una posible contratación a dedo que se estaría dando puntualizó el diputado del partido de la U que los dineros son públicos, «estos dineros son sagrados y no se puede por ‘amiguismo’ asignar unos recursos del Estado y menos cuando no se tenía aprobado por parte de la Asamblea adoptar la política pública para el departamento».

Sobre el contrato, el documento especifica que es de 30 días con fecha de ejecución del 3 de diciembre al 3 de enero y que está bajo la supervisión de Óscar Gutiérrez, director de Derechos Humanos, Justicia, Paz, Convivencia Ciudadana y Orden Público de la Gobernación del Tolima.

¿Segundo contrato?

En diálogo con esta redacción, el asambleísta dejó claro de que se dieron unas socializaciones a través de un convenio con Usaid.

«Esto es muy complejo porque ya hubo un operados entonces porqué contratan a otro cuando nisiquiera hay políticas públicas aprobadas», acotó Forero.

Por el momento el diputado hace pública la denuncia y espera que los organismos de control hagan las respectivas investigaciones.

¿Qué dice el Gobierno Departamental?

Este medio de comunicación contactó al secretario del Interior, Gustavo Murillo, quien fue enfático en responder a esta denuncia que:

«No, no, ese proceso se montó para atender las mesas de las víctimas y socializar políticas públicas pero por ningún lado el objeto dice que son las que se presentaron a la Asamblea», manifestó el funcionario.

A la explicación le añadió que existen unas políticas nacionales de Libertad Religiosa y de prevención de violaciones de los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad de personas, grupos y comunidades, entre otras, pero que definitivamente no están relacionadas a las que cursan por la Asamblea.