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Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de estado en este tema, aseguró el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al revelar un estudio sectorial de este organismo de control que evalúa las acciones emprendidas en el período 2015 a 2017, para preservar la integridad de esta población de alto riesgo.
El estudio concluye que, a pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, las acciones ejecutadas han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas, valoradas con riesgo extraordinario y extremo, como líderes y activistas sociales, por lo cual la Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención y coberturas colectivas a esta población.
De acuerdo al análisis elaborado por la Contraloría Delegada para el sector de Defensa, Justicia y Seguridad, en el periodo 2015 – 2017 se destinaron $1.71 billones para la implementación de esquemas de protección, de los cuales 61 % ($978.295 millones) se dedicaron a medidas en pro de personas amenazadas, frente a los $618.307 millones (39 %) orientados a esquemas en virtud de cargos o dignidades.
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En los dos años que cubre el estudio, se apreciaron esfuerzos económicos para garantizar la seguridad de las personas con mayores riesgos, lo que no impidió que se presentaran 24 atentados que produjeron 13 muertos y 8 personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de medida especial de protección.
