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La crisis estructural del sistema de salud es, en gran parte, responsabilidad de las EPS. Prueba de ello es que la Contraloría General de la República decidió imputarle cargos de responsabilidad fiscal por $42.591 millones a 39 Entidades Promotoras de Salud del país que habrían cobrado más de lo normal por algunos medicamentos entregados a sus afiliados.
Entre las entidades responsables se encuentran Aliansalud, Cafesalud, Cometa, Cruz Blanca, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Saludcoop, Suramericana, y otras 30 EPS que, entre los años 2007 y 2010, cobraban de manera exagerada medicamentos al Fosyga que no eran cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. (Ver: Procuraduría le exige al Gobierno Nacional que tome medidas por el mal servicio de Cafesalud)
Según la Contraloría General de la República, la falta de las 39 entidades fue considerada a título de culpa grave, toda vez que algunos medicamentos incluso aumentaron su valor comercial en un 1.000 %. (Ver: El “ranking” de las EPS que tienen en quiebra al Hospital Federico Lleras)
Entre estos medicamentos están el Rituximab y Adalimumab, utilizados para el tratamiento de la artritis reumatoide y diferentes tipos de linfoma; el Sorafenib, aplicado para el cáncer de hígado; y el Bevacizumab y Capecitabina, empleados en el caso del cáncer de colon.
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Al analizar 50.279 recobros, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría determinó que para un mismo periodo se presentan entre las EPS vinculadas elevadas diferencias de precios, lo que evidenció un valor muy superior al margen que se promedió como razonable. (Ver: Las siete EPS de las que más se quejan los tolimenses)
Fue así como se encontró que aún en los casos en los que se presenta integración vertical con la distribuidora de medicamentos, así como con la red de prestadores del servicio, los costos superaron las barreras del 200 %, en algunos casos. Así ocurre con el Palivizumab (938 %), Bevacizumab (678,7 %) y Rituximab (241,5 %).
De tal manera, la Contraloría señaló que los imputados contarán con 10 días para presentar sus argumentos de defensa ante la misma entidad de control fiscal.
