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Pagos indebidos que favorecieron a contratistas, giro de recursos públicos por la atención de niños que aparentemente no existen y la adjudicación de contratos a fundaciones sin capacidad financiera, son algunas de las irregularidades halladas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Tolima por parte de la Contraloría General de la República.
La investigación fiscal deja al descubierto serias deficiencias en el manejo y control de los recursos públicos y en la ejecución de los contratos, principalmente en la ejecución del programa “De cero a siempre”.
ELOLFATO.COM buscó durante tres meses al director del ICBF en esta zona del país, Carlos Eduardo Buenaventura, para conocer su versión de los hechos pero no aceptó ninguna entrevista. Buenaventura es reconocido dirigente político, exalcalde y hace parte del equipo del representante a la Cámara del partido de La U, Jaime Yepes.
Contratos con fundaciones sin capacidad financiera
La Contraloría General de la República asegura que el ICBF Regional Tolima realizó “inadecuadamente la selección de operadores” y les entregó 16 mil 972 millones de pesos a tres fundaciones y corporaciones que no tenían pleno respaldo financiero para respaldar las millonarias adjudicaciones.
Los favorecidos con estos millonarios contratos son: Asociación para construcción de comunidad y su desarrollo integral – ACCDI ($$3.097,7 millones), Corporación para el desarrollo y bienestar integral de la comunidad Los Girasoles ($8.492,4 millones) y Construyamos Colombia ($5.203,1 millones). Estos contratos se adjudicaron el año 2012.
El órgano de control fiscal sostiene que estos operadores “no evidencian en sus estados contables capacidad financiera ni solvencia económica para respaldar las cuantías contratadas”.
Adicionalmente, sostiene: “en contratos anteriores y vigentes presentan marcados incumplimientos en su capacidad técnica y operativa frente a la cobertura contratada (…) lo que generó afectación en la calidad del servicio y en la imagen institucional e ineficiente administración de los recursos dispuestos para la ejecución de la estrategia De cero a siempre”.
“Hay instituciones sin ánimo de lucro, como fundaciones y corporaciones, que no tienen la idoneidad para atender los programas del Instituto Colombiano de Bienestar familiar”, dijo Eduardo Umaña, contralor delegado para el sector Social (Ver video en este enlace).
Eduardo Umaña, contralor delegado para el sector Social.
¿Pago por niños ‘fantasma’?
La auditoría de la Contraloría General de la República detectó que aunque los contratistas recibieron los pagos por la atención de los 518 niños del programa ‘De cero a siempre’ en Lérida e Ibagué existieron “irregularidades” en el manejo de los cupos.
“La gestión relacionada con los registros de asistencia no se desarrolla en forma organizada, sistemática y coherente, de forma que transmita certeza de los cupos realmente atendidos, porque se evidenció diferencias entre los beneficiarios reportados por el operador para la legalización de las cuentas, las listas de asistencia verificadas en las sedes, y el listado manejado por los coordinadores de los centros”, reza el documento oficial conocido por ELOLFATO.COM.
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Y agrega el informe: “En las carpetas de información individual de los niños beneficiarios no reposan documentos tales como: registro civil de nacimiento, carnet de vacunación certificación del SISBÉN, reportes de valoración de crecimiento y desarrollo ni reportes de valoración y seguimiento nutricional”.
Los registros de entrega del complemento nutricional presentan inconsistencias que generan incertidumbre sobre la entrega real a los beneficiarios, porque se evidenciaron firmas de recibido que no concuerdan con la información suministrada por la coordinadora del programa respecto a la entrega de los mismos.
Pagos indebidos de pólizas
Una de las irregularidades que más llamó la atención de los funcionarios de la Contraloría General de la República es que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Tolima le pagaron la pólizas a 56 contratistas, cuando ninguna entidad pública en este país tiene porqué asumir ese costo que recae en los beneficiarios.
Pero en el ICFB regional Tolima les hicieron el favor a 56 contratistas. Por ese favor, la entidad encargada de velar por el bienestar de los niños y niñas de Colombia terminó pagando “de manera indebida la suma de $4.853.920 porque asumió el pago del valor de las Pólizas y Publicaciones en 56 contratos de aporte celebrados para la Atención a la Primera Infancia en el Departamento del Tolima, gastos que legalmente estaban a cargo de los contratistas; debido a incorrecta decisión administrativa, lo que generó detrimento patrimonial en la cuantía señalada”.
Ante la evidente irregularidad, la Contraloría consiguió que se reintegraran los recursos públicos, que aunque no es una cuantía muy elevada, no se entiende cómo terminaron destinados para cubrirle los gastos a los contratistas.
“La entidad reconoció que canceló de manera indebida el valor de las pólizas de cumplimiento de los contratos de presentación de servicio suscritos por el Bienestar Familiar en el Tolima. Nosotros no encontramos ningún argumento que fuera sólido, inferimos que fue por agilidad de los contratos que el Instituto asumió el costo de las pólizas. Eso a todas luces es una práctica que no puede corresponder a la realidad contractual y no está amparado en ninguna norma”, señaló Umaña.
