Publicidad
En un año, la Contraloría General de la República tuvo un sorpresivo giro de 180 grados en relación a la participación del exdirector de Coldeportes Andrés Botero en los fallidos Juegos Deportivos Nacionales de 2015, certamen que se convirtió en el más grande escándalo de corrupción administrativa de la historia de Ibagué.
Botero pasó de ser uno de los presuntos responsables del detrimento patrimonial que dejó este evento a convertirse en el primer alto exfuncionario exonerado de cualquier responsabilidad fiscal.
El pasado 21 de diciembre, la Contraloría General emitió el auto de imputación fiscal por $37.130 millones, en contra de los contratistas del Parque Deportivo, la firma interventora LKS Colombia, seis funcionarios de la Alcaldía de Ibagué y el Imdri -entre ellos el exalcalde Luis H. Rodríguez-, un directivo y dos contratistas de Fonade, entidad contratada por Coldeportes para vigilar la ejecución de los recursos aportados por la Nación.
En la página siete del documento, la Contraloría General de la Nación justificó la exclusión de Botero, asegurando que no se logró probar que sus actuaciones u omisiones estuvieran relacionadas con el daño al patrimonio público.
“Aunque en los formatos de los hallazgos se incluyó al entonces Director de Coldeportes como presunto responsable fiscal, su gestión con relación a los hechos que configuran los hallazgos, no está soportada en piezas probatorias que permitan inferir un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por él y los hechos generadores del daño al patrimonio público; el material documental está constituido por las copias de los Convenios, los contratos de obra y de interventoría, la designación de los supervisores encargados de hacer entre otras cosas, el seguimiento financiero y técnico, y el análisis técnico de las cantidades de obra”, reza el documento obtenido por EL OLFATO.
“Así las cosas, no existe dentro de los soportes de cada uno de los hallazgos relación de la gestión del Director de Coldeportes con el hecho generador del daño (…) En consecuencia no se observa nexo causal entre el daño y la conducta de los funcionarios de Coldeportes, sea a nivel de sus directivos o supervisores”, añade el acto de imputación. (Ver documento)
Al parecer, este órgano de control no supo que el exdirector de Coldeportes fue la persona que lideró todo el proyecto, permaneció en Ibagué revisando milímetro a milímetro la ejecución de las obras inconclusas, defendió a capa y espada la gestión del exalcalde Luis H. Rodríguez y sus contratistas, y participó activamente en todas las decisiones administrativas y presupuestales. De eso existen abundantes pruebas fotográficas en las páginas de Internet de Coldeportes y el Imdri.
La culpa fue de Fonade
La Contraloría General de la República libró de toda responsabilidad a Andrés Botero y a los demás funcionarios de Coldeportes, y determinó procesar al entonces gerente de Fonade Alfredo Ramón Bula García y a los contratistas Eusebio Agresott García y María Sandra Rúa Martínez.
Fonade suscribió el convenio 318 de 2015 con Coldeportes para que ejerciera “el apoyo en el seguimiento de convenios interadministrativos suscritos por Coldeportes con entidades territoriales, especialmente con la realización de seguimiento a la etapa de ejecución, esto en aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros a los mismos, e igualmente apoyar el cierre y liquidación de los mismos”.
Para los funcionarios de la Contraloría, los contratistas y el directivo de Fonade no cumplieron con su misión de vigilar la ejecución de los recursos invertidos en Ibagué, pese a conocer las irregularidades detectadas en el proyecto.
Publicidad
“A pesar de que informaron del atraso en las obras, no se advirtieron las graves irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra 119 de 2015 y que generaron un detrimento patrimonial”, advierte el auto.
Según esta teoría, falló el control de Fonade y Coldeportes jamás se enteró de nada. En cambio, en lo que tiene que ver con las autoridades locales, la Contraloría General de la Nación sí halló responsabilidad en todos los actores.
En el auto de imputación fiscal aparecen vinculados: Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué preso en la cárcel de El Espinal; Carlos Heberto Ángel, exgerente del Imdri detenido en la penitenciaría de Picaleña; Mauricio Campos del Cairo, supervisor del Imdri también en Picaleña; Maritza Fernanda Rozo, exdirectora administrativa del Imdri; Sandra Yolima Rodríguez, exfuncionaria de la Secretaría de Infraestructura, y Yamile Lozano, exfuncionaria de la Alcaldía. También deben responder en el proceso los contratistas del Parque Deportivo (Vera Construcciones, Benjamín Tomas Herrera y Coning construcción y obras de ingeniería) y los interventores de ese proyecto (LKS Colombia y Diego Fernando Fonseca).
“Es muy extraño el proceder de la Contraloría. En el alto gobierno quedan libre de culpa Botero y los demás funcionarios de Coldeportes. Y en Ibagué sí cayeron todos: los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, del Imdri, los contratistas y los interventores, como debe ser. ¿Por qué entonces no cayeron Botero, sus subalternos y los interventores, todos juntos también?”, se preguntó una fuente del proceso que pidió no ser identificada.
Precisamente, trasladamos esa pregunta a la Contraloría General de la República en Bogotá pero no hubo ninguna respuesta oficial.
Así las cosas, Andrés Botero seguirá su vida tranquilo en su natal Medellín, presidiendo al equipo de fútbol Atlético Nacional, mientras que en Ibagué miles de ciudadanos lo recordarán por siempre como el hombre que engañó al país prometiendo que en esta ciudad se llevarían a cabo “los mejores Juegos Deportivos Nacionales de la historia”.
De esos “mejores Juegos Deportivos Nacionales de la historia” hay 16 personas detenidas, entre ellas el exalcalde Luis H. Rodríguez, quien completa dos meses en prisión.
