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La Controlaría de Bogotá embargó dos lotes de propiedad del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien al parecer no realizó los recobros del traslado de pacientes en el servicio de ambulancia que se prestó entre los años 2012 y 2015, cuando se desempeñaba como secretario de Salud de la capital.
El ente de control informó que fueron $2.097 millones los que el Distrito pagó, a través del Fondo Financiero de Salud, Ffds, para prestar el servicio de ambulancia en casos de emergencias, de los cuales se han recuperado tan solo $747 millones.
«Se contrataron 643 ambulancias por un valor de $30.184 millones, en 67 contratos y solo uno de esos está liquidado. El resto se terminaron, pero no están liquidados», dijo la Contraloría.
Por esta razón, el ente decidió embargar estos bienes de Jaramillo, y unas propiedades de otros funcionarios, antes de que se perdiera la totalidad del dinero que no fue recobrado por los mismos.
La Secretaría de Salud debe prestar el servicio de ambulancia permanente a las emergencias que se presentan a diario, esto a través de los recursos que el fondo de salud les otorga a los hospitales.
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En este sentido, luego de que se cubra la necesidad se establece si el responsable a pagar es una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), una EPS, el Soat por accidente de tránsito, el Fosyga o si se trata de una persona sin seguridad social, los centros asistenciales deben iniciar el proceso para recuperar ese dinero.
Dichos recursos se encuentran bajo vigilancia de la Contraloría de Bogotá, la cual alertó a la administración actual que esos recobros se hagan efectivos, ya que si no se hacen esos dineros se pierden y ponen sobre la cuerda floja el fondo de salud.
Esta medida de la Contraloría de Bogotá no solo provocó el embargo de los bienes del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, sino también de otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud del Distrito durante la administración de Gustavo Petro.
