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En el primer semestre del presente año, la Contraloría llevó a cabo auditorias a las corporaciones ambientales más grandes del país sobre los recursos que manejaron en 2017. Entre ellas estuvo la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
Según explicó el ente de control, la autoridad ambiental del departamento “permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones».
Además de eso, hallaron que la Corporación no cumplió con la gestión del cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso del agua. Unas irregularidades que suman un total de $2.400 millones. (Ver: Presupuesto de Cortolima en 2017 sería de $50.000 millones)
Frente a estos hallazgos fiscales, la Contraloría manifestó que es necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR frente a las debilidades que de manera reiterada ha señalado en sus informes de auditoría, así como en el estudio ‘Análisis Estructural del Funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible’.
“La Contraloría estima que la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente”, añadió el ente de control.
Asimismo, aseguró que la autonomía de las CAR ha permitido que cada una de ellas tenga su propio estatuto presupuestal y no se tiene clara la línea de coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que interfiere de manera contraria en el buen desarrollo de sus procesos de planeación y ejecución misionales, para que se logren los impactos positivos en el ambiente y los recursos naturales.
El ‘regaño’ de la Contraloría
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A través de un comunicado el ente de control indicó que entre las corporaciones más grandes de Colombia se manejaron recursos por casi cuatro billones en 2017. Sin embargo, resaltaron que las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental.
“En las auditorías adelantadas durante el primer semestre del año que cursa, la Contraloría encontró deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de estas Corporaciones, que ponen en alerta al organismo de control fiscal frente a los inminentes riesgos que afrontan de manera permanente los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”, declaró.
La corporación que más le preocupa es la CAR Cundinamarca, ya que de los hallazgos fiscales que superan los $100.000 millones, $72.000 millones corresponden a esta entidad.
