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El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, mostró hoy su preocupación por la forma como funcionan las entidades financieras del Estado y tres de ellas en particular: Fonade, Findeter y el Banco Agrario.
En el caso de Fonade, citó como ejemplo las complicaciones que tuvo la dotación de la actual sede de la Contraloría General de la República, que se adjudicó a través de esta entidad, con un precio inferior en más del 50% al del presupuesto inicialmente asignado.
Maya Villazón, que ha revelado en el último año cuantiosos hallazgos fiscales en Fonade (de más de $20 mil millones) por incumplimientos, obras inconclusas y otras irregularidades, dijo que hay que replantear lo que hace la entidad frente al tema del financiamiento y manejo de obra pública.
Del Banco Agrario dijo también que hay observaciones, en las auditorías adelantadas por la CGR, y de Findeter indicó que, aunque ha tenido mejor manejo, está entregando el tema de las construcciones, de los contratos, a los Alcaldes y Gobernadores, lo cual implica el riesgo de que se politice el manejo de estos recursos.
Mayores controles para evitar lavado de activos
Al hablar del tema del lavado de activos, el jefe del organismo de control consideró que “el sector financiero tiene que tomarle la temperatura a los billetes”, esto para decir que debe haber mayores controles para evitar que dineros mal habidos se cuelen a través de operaciones bancarias.
Para el Contralor, las organizaciones privadas son las que tienen el mayor manejo de recursos públicos, de diversa índole, y sobre todo de aquellos dedicados a la prestación de servicios públicos.
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Recordó como las EPS manejan un monto importante de recursos y de hecho nunca ha habido tanto dinero para la salud como ahora y, sin embargo, se tienen toda clase de problemas para tener acceso a estos servicios.
Mencionó también el caso del Proyecto Ruta del Sol, con muchos traumas para culminar, después de muchos años de haberse iniciado.
Maya Villazón dijo también que a veces en el sector privado, como titulares de las funciones de administración de recursos públicos, se protegen, en un mal entendido blindaje de sus derechos procesales, y estas entidades no pueden divorciarse de la función social que cumplen.
