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Después de la denuncia sobre los millonarios recursos destinados para el pago de viáticos, el Contralor encargado de Ibagué, Diego Mauricio Visash Yepes, manifestó que los viajes que ha realizado con recursos públicos tienen una justificación legal.
Según Visash Yepes, los 17 viajes que realizó entre el 21 de abril y el 30 de agosto, todos ellos por un valor de $32.858.070, han sido debidamente justificados y corresponden a encuentros y capacitaciones necesarias para que él pueda ejercer un control fiscal más efectivo en una ciudad tan marcada por la corrupción como Ibagué. (Ver: El Contralor (e) de Ibagué salió más viajero que su antecesor Edwin Riaño)
«Las contralorías han hecho un proceso académico y un proceso de formación, donde nos capacitan porque el control fiscal no es un concepto de creencia sino de raciocinio jurídico. En ese orden de ideas hemos asistido a esas capacitaciones«, dijo el Contralor encargado.
Asimismo, Visash Yepes dijo que, comparado con la administración del excontralor Edwin Riaño, sus cuatro meses al frente de la Contraloría sí han demostrado una política de austeridad eficiente, y que el mejor ejemplo es el bajo costo del combustible que utiliza el vehículo oficial del ente de control. (Ver: Edwin Riaño, el contralor viajero)
Pero una posible explicación al bajo consumo de combustible es que el funcionario, de los algo más de cuatro meses que tiene en el cargo, ha pasado un mes y 13 días por fuera de Ibagué y ha asistido a eventos en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Neiva, Popayán, Pereira, Tunja, Líbano y Chaparral.
«Si usted analiza al Contralor anterior, él viajaba en vehículo. Y a diferencia de los anteriores contralores, mis salidas son pedagógicas. En los viáticos también hemos sido juiciosos porque no ha habido nada desbordado. Había temas administrativos acumulados que tocó ser contingentes«, afirmó.
Visash Yepes está al frente de la Contraloría Municipal de Ibagué, en calidad de encargado, debido a que el señor Ramiro Sánchez fue suspendido del cargo por el Tribunal Administrativo del Tolima por las presuntas irregularidades en su elección. (Ver: Consejo de Estado confirma suspensión del Contralor de Ibagué)
Por ese motivo, llama la atención que los ibaguereños hayan tenido que pagar más de $32 millones para que un funcionario, que está en el cargo por poco tiempo, asista a diferentes capacitaciones y encuentros académicos, como él mismo señala.
«Desde la Contraloría Municipal de Ibagué hemos tenido un tema de integridad. Recordemos que el doctor Ramiro Sánchez fue suspendido y eso generó unos cambios al interior de la Contraloría. A mí me ha tocado asistir a las auditorías, a la Contraloría General de la República, a varias comisiones. En el informe se puede ver que todas las salidas han sido institucionales. Hemos asistido a varios eventos», dijo Visash.
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Sin embargo, Visash Yepes sí reconoció que el valor total de los viáticos sí ha sido exagerado: «Para mí concepto sí es un consumo alto, porque si se analizan las demás cifras que tenemos en la Contraloría Municipal de Ibagué, podemos encontrar que hemos sido austeros«.
El salario del Contralor (e) de Ibagué es de $11.716.732 y por concepto de viáticos -promedio mensual- sus ingresos aumentaron $8.214.517 más, para un total de $19.931.246.
Sobre el costoso viaje por $4’139.349 a la ciudad de Cartagena el pasado 2 de junio, Visash Yepes dijo: «Es un tema en el cual estaba invitado el Procurador General de la República. Son cosas del oficio«.
Y concluyó: «Esta es una información transparente. Cuando la auditoría venga ellos determinarán si se hizo un uso inadecuado de esos recursos. Si dado el caso los entes de control determinan que el uso fue indebido, dentro de lo que dice la ley, yo le digo a los ibaguereños que no tendré ningún problema en explicarlo. Porque hay un tema fiscal que es muy importante y es el resarcimiento. Y si en algún momento me dicen a mí: ese viaje no cumplía con las condiciones como Contralor, créame que haré la devolución de ese dinero«.
La información sobre los viajes del Contralor (e) de Ibagué fue puesta a consideración de la Auditoría General de la República, entidad responsable de investigar a los contralores del país.
