El contralor de Ibagué, Ariel Augusto Medina, advirtió que existirían irregularidades en el contrato suscrito para la presentación de Carlos Vives y Manuel Turizo, concierto que se realizará el próximo 28 de junio, en el marco de la edición número 47 del Festival Folclórico Colombiano.
Según el funcionario, no podía mezclarse la contratación de los artistas con la logística, puesto que esto último debió someterse a un proceso licitatorio abierto y transparente, y no entregarse a dedo como lo hizo la Alcaldía de Ibagué.
Además, aseguró incluso que la contratación directa de la logística habría superado los topes permitidos por la ley.
«Cuando cuantificamos y separamos los valores estamos viendo que pueden estar alrededor de $1.400 millones. Consideramos que desde ese punto de vista debía haber sido por una licitación, para que tuviera la oportunidad de una participación de una pluralidad de oferentes”, subrayó el Contralor.
El cuestionado contrato, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la empresaria Carolina Barrios, tiene un valor de $2.964 millones, casi tres veces más de lo que cobra el cantante samario Carlos Vives.
Ya se había advertido
Lo anterior, concuerda con lo expuesto por el abogado Luis Felipe Aranzalez, quien le dijo a EL OLFATO que “la modalidad de contratación directa por servicios artísticos tiene la finalidad de contratar esos servicios artísticos que no pueden ser prestados por otras personas, donde se prepondera el arte -para este caso- el arte del canto de Vives y Turizo. Sin embargo, quieren mezclarle de paso actividades que no son artísticas y que no se deben contratar de forma directa so pena de eludir el deber de licitación pública y encausarse posiblemente en el ilícito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales”.
Pero a esta situación se suman otras presuntas anomalías como el no haber discriminado los valores para cada una de las actividades, lo que dificultaría conocer y hacer seguimiento a la inversión de los recursos y de igual forma proceder con la liquidación del contrato.
«En este contrato no se especificó el costo por cada actividad, no se detalló el valor por cada servicio lo que genera una falencia frente al principio de Planeación”, subrayó el jurista Aranzalez. (Ver: Las presuntas irregularidades del contrato de $2.964 millones para el concierto de Carlos Vives en Ibagué)
La Contraloría no puede hacer control
Aunque el contralor de Ibagué, Ariel Augusto Medina, detalló una de las presuntas irregularidades en las que se habría incurrido en la firma del contrato, precisó que el ente de control fiscal no puede actuar, pues el control es posterior a la ejecución como lo dicta la ley.
«El control fiscal es cuando se da un detrimento patrimonial y considero que en este caso hay que esperar a que el contrato se ejecute en su totalidad y se liquide, para ver si las obligaciones contractuales se cumplieron de acuerdo con lo que está establecido en el contrato”, indicó Medina.
Sin embargo, el Contralor precisó que la Procuraduría Provincial sí tiene las facultades para realizar un control previo y de hallar mérito iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes.