Se sabe que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Así lo demuestran los estudios internacionales y cada vez más analistas colombianos explicamos el fenómeno como “sistémico”, es decir, que no se trata de la acción de unas ovejas descarriadas, sino de un sistema político-público-privado que exprofeso han creado y que perpetúan violando o introduciendo la trampa en la ley, incluso mediante corruptelas que son legales, aunque parezca imposible.
Un ejemplo conocido: que alcaldes y concejales cambien los usos del suelo, no en respuesta a las auténticas necesidades ciudadanas, sino para satisfacer los propósitos corruptos de especuladores inmobiliarios, que así valorizan en proporciones enormes sus terrenos y sin siquiera pagar los gravámenes que se supone deben cancelar.
Ahí están los escándalos de Saludcoop, Reficar y en especial del Consorcio de la Ruta del Sol II (Odebrecht-Grupo Aval), este último con sobornos por cien mil millones de pesos a tres campañas presidenciales para lograr contratos con montos decenas de veces superiores a esa suma. Y año y medio después de estallado el escándalo, y a diferencia de otros países, la Fiscalía solo ha caído sobre los actores secundarios de semejantes desvergüenzas, lo que confirma que en Colombia sí existe un gran pacto de impunidad entre muy poderosos de todos los orígenes.
Producto de estas y otras realidades, y luego de que las mayorías del Congreso se negaran a aprobar varias leyes contra los corruptos, cuatro millones de colombianos firmamos la exigencia de realizar una Consulta Popular Anticorrupción, mecanismo de participación ciudadana que le otorga iniciativa a la ciudadanía para legislar, siempre y cuando se pase un umbral de más de doce millones de votos, cifra en extremo alta, calculada y aprobada para que no se pueda lograr, pero que esta vez sí se superará.
Entre los objetivos de las siete preguntas que los colombianos debemos votar Sí el próximo domingo 26 de agosto se encuentra impedir que los recursos públicos se gasten como “mermelada”, como se hace hoy mediante acuerdos ocultos entre gobiernos y congresistas, a los que se les otorga el derecho ilegal de decidir el gasto público como se les antoje y en asocio con alcaldes que deben pagarles con votos el favor que reciben. La maniobra suele coronarse escogiendo entre ellos los contratistas que ejecutan las obras, con quienes también se reparten la plata que se roban.
También apunta la Consulta contra los “contratos sastre”, que derivan su nombre de la práctica mañosa de diseñar las licitaciones a la medida de un contratista, convirtiéndolas en fraudes con los que se asalta al país y se enriquece a negociantes privados, funcionarios públicos y políticos. Otro voto por el sí hará que los congresistas rindamos cuentas públicas de nuestras labores, ingresos y patrimonios, de manera que se combata la corrupción y la negligencia y la ciudadanía pueda evaluar lo que hacemos. Y otro acabará con el privilegio de algunos de no pagar igual que los demás reos las sanciones por sus delitos, porque cuando de milagro los condenan, hasta les dan la mansión por cárcel, incluida la piscina.
Los enemigos de la Consulta Anticorrupción afirman que la ley ya contempla estos controles y que entonces están de sobra. No es cierto. Porque, aunque hay normas que parecen iguales, no lo son, pues fueron redactadas con maña para que no obliguen y sin los dientes necesarios para ser útiles. También aducen que no ataca la corrupción que nos reduzcan los pagos a los congresistas. ¿Y qué tiene de malo que disminuyan unos ingresos muy altos, para que ese menor gasto se vuelva plata que vaya a tantas urgencias nacionales?
La Consulta Anticorrupción también se votará el 26 de agosto porque el Senado, por unanimidad y con el respaldo de todos los partidos, la aprobó el pasado 16 de abril. Luego si ahora el senador Uribe Vélez se retracta, no es porque dicha Consulta haya dejado de ser necesaria sino porque, por razones políticas que calla, violó el compromiso que hizo cuando andaba en los afanes de conseguir los votos para elegir a Duque. El viejo truco de prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Pésimo ejemplo para el país.
