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El Consejo de Estado decidió declarar nula una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con la guerrilla de las Farc, y que la dejaba por fuera de la política durante 18 años.
Este martes, la Sala Plena del Consejo de Estado le dio la razón a Piedad Córdoba, quien desde hace varios años viene argumentando que en el proceso disciplinario el Ministerio Público incurrió en una falla en la valoración de los elementos probatorios.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la Procuraduría cometió el error de validar las pruebas que se recogieron del computador del jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias «Raúl Reyes», toda vez que esos documentos ya habían sido declarados nulos por la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado encargado de presentar el proyecto de fallo fue William Hernández, quien recordó en su ponencia que la custodia del material probatorio utilizado por la Procuraduría había sido violada, motivo por el cual los archivos que vinculaban a Córdoba con las Farc carecían de veracidad.
“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia.
La exsenadora Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada el pasado 27 de septiembre del 2010, cuando el actual procurador Alejandro Ordóñez la acusó de haber promocionado y colaborado con la guerrilla de las Farc.
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Por ese entonces, la Procuraduría insistió en que la relación de Córdoba con las Farc iban mucho más allá de las ayudas humanitarias: «La senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos«.
Pero a pesar de esta victoria jurídica, la exsenadora todavía no podrá regresar a la política, ya que aún se mantiene una segunda sanción disciplinaria de 14 años porque, según la Procuraduría, Córdoba le habría entregado $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes, lo que constituiría una participación indebida en política.
«La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014″, señala un comunicado emitido por el Consejo de Estado.
Mientras tanto, Piedad Córdoba continuará participando indirectamente en la política nacional. Incluso, como anunció el pasado 19 de julio, trabajará para promover el «sí» en el plebiscito que convocará el Gobierno Nacional para validar los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc. (Ver: Presidente Santos y Piedad Córdoba buscarán 10 millones de votos a favor del plebiscito por la paz)
