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El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba. Esta decisión la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos.
Para el Ministerio Público, la excongresista incurrió en falta gravísima a título de dolo porque supuestamente había contribuido económicamente a la campaña del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, en el 2010. Según la demanda, habría pagado más de 25 millones de pesos. (Ver: Consejo de Estado tumbó inhabilidad de 18 años a la exsenadora Piedad Córdoba)
La magistrada Sandra Lisset Ibarra estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria. La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario.
Durante el tiempo en que ha permanecido inhabilitada, Córdoba ha venido liderando el movimiento social llamado Marcha Patriótica. Ahora podría ser candidata por ese movimiento, en caso de que pasará a ser partido político.
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Muchos consideran que Piedad Córdoba también podría representar en escenarios como el Congreso al movimiento político que surja de la implementación del acuerdo definitivo con las FARC, en caso de que se destrabe la negociación de La Habana.
Córdoba fue elegida senadora en 2010, por el Partido Liberal, con 40.653 votos. Se posesionó el 20 de julio de ese año y permaneció en su cargo hasta el 3 de noviembre. Desde ese momento inició una auténtica batalla jurídica, que la llevó por varios tribunales nacionales e internacionales, para recuperar sus derechos políticos.
