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El Consejo de Estado le hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que en casos que involucren afectación patrimonial de la Nación, adelanten con celeridad todas las actuaciones que la ley impone para evitar la prescripción de las acciones disciplinarias y hacer posible el cobro efectivo de las obligaciones impuestas en fallos por responsabilidad fiscal.
El pronunciamiento fue hecho por el Alto Tribunal al resolver una acción popular en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), dos empresas privadas y otros dos particulares, entre los que se encuentra un exdirector del Invima.
Los hechos que motivaron la acción popular se remontan a diciembre de 2001 cuando el entonces director del Invima suscribió un contrato para la compra de un inmueble donde funcionaría la entidad en Bogotá, por un valor de $4.000.000.000, sin contar con el avalúo del inmueble por parte del IGAC o de la Lonja de Propiedad Raíz que era obligatorio.
Dicho avalúo, entregado en febrero de 2002, fijó el precio comercial del inmueble en menos de la mitad de lo pactado y, pese a ello, el funcionario se apresuró a suscribir la escritura pública de compraventa y pagó lo ya convenido.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, señaló que tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestión pública, todos en detrimento económico de la entidad, permiten concluir que se está ante la presencia de un acto de corrupción, en el que se defraudó el patrimonio del Invima en una suma superior a los $2.000.000.000 de la época.
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“Son tan dicientes las conductas del servidor público, que le merecieron reproche desde el punto de vista fiscal, como quedó acreditado en el proceso, por cuanto revelan una actuación que aunque fue calificada como gravemente culposa, se adentra también en los terrenos del dolo, tal como finalmente quedó establecido cuando desde el ámbito penal se le encontró no solo responsable del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino también del de peculado por apropiación”, indica la sentencia.
Por estos hechos, la Sala ordenó el pago de cerca de $4 mil millones a todos los implicados en el caso por la transgresión al patrimonio público. Además, el Invima está obligado a iniciar todas las acciones pertinentes para lograr que las condenas pecuniarias impuestas en los procesos penal y fiscal también se cumplan.
Aunque en la sentencia se reconoce que en este caso la justicia obró de manera oportuna, la Sala advierte que de manera inexplicable el proceso prescribió en la Procuraduría General y que, por parte de la Contraloría, no se conocieron, dentro del proceso, acciones efectivas para lograr el cobro de las obligaciones impuestas, por lo que se les exhorta a actuar con celeridad especial en los casos que involucren afectación patrimonial de la Nación.
