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Un fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado reafirmó la competencia que tienen los municipios para prohibir la minería en sus territorios y la validez de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana.
«Los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo», dice el fallo.
La decisión del Consejo de Estado surge unos días después de que la Corte Constitucional indicara que las consultas populares ya no se podrían usar para vetar actividades mineras, toda vez que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación. (Ver: Corte Constitucional determinó que consultas populares no podrán vetar proyectos extractivos)
Sin embargo, para el Consejo de Estado, tanto «las autoridades locales y nacionales tienen competencias en los asuntos mineros, ambientales y energéticos, por lo cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones».
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Además, el fallo señala que en caso de que no se logre una concertación entre los distintos niveles decisorios, está por encima la competencia de las autoridades municipales.
Sin duda, esta decisión alegra a los habitantes de diferentes municipios del país que han manifestado su inconformidad con proyectos mineros que perjudican el medio ambiente.
Tal es el caso de los pobladores de Cajamarca, quienes le dijeron no a la extracción minera en su territorio, dejando por fuera a la multinacional Anglo Glod Ashanti, la cual estaba generando contaminación y afectando su economía local.
