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El proyecto de resolución para la práctica de la eutanasia en menores de edad fue publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social para que sea discutido y comentado por la ciudadanía.
La propuesta fue elaborada en cumplimiento de la sentencia T-544 de 2017, en la que la Corte Constitucional ordenó al Ministerio: «la expedición urgente de la regulación que garantice el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes.
El borrador de la resolución deja por fuera de la práctica eutanásica a menores de doce años –con excepciones en el rango de seis a doce– y los que presenten estados alterados de conciencia, discapacidades cognitivas o trastornos psiquiátricos.
Entre los seis y los doce años, la eutanasia podría ser practicada si el nivel de desarrollo del niño le permite tomar una decisión libre y está en capacidad de reconocer que la muerte es un hecho irreversible; entre los doce y los catorce, prevalecerá la autonomía del menor, aunque será obligatoria la participación de los padres; y entre los 14 y los 17, solo contará la voluntad del adolescente.
En cualquier caso, tendrá que dictaminarse que la enfermedad es terminal y que el sufrimiento es constante, insoportable y no puede ser aliviado. Un comité interdisciplinario tendrá que ser conformado por los hospitales para garantizar que se cumplan todas las condiciones establecidas en la resolución.
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El borrador hace un especial énfasis en que el derecho fundamental a morir con dignidad no se limita a la muerte anticipada o a la eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, que no debe ser entendido «como exclusivo del final de la vida, sino ante todo como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad de vida para el paciente y su familia», señala el documento.
Por este motivo, al menor se le tendrá que garantizar la atención física, psicológica, emocional, social y espiritual orientada a mejorar su calidad de vida, y a la familia se le deberá dar apoyo durante la enfermedad y después del fallecimiento.
El borrador, fue redactado con el apoyo de un nutrido grupo de profesionales de diversos ámbitos, como la Procuraduría, la Defensoría, el ICBF, las universidades, las ONG, los pacientes, el Instituto Nacional de Cancerología, las IPS y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).
