Condenado exfuncionario del Igac por recibir millonarias coimas para hacer trámites que eran gratuitos

El Juzgado segundo Penal del Circuito de Ibagué condenó a seis años de prisión a Henry José Mejía Padilla, exfuncionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, por los delitos de concusión y cohecho impropio.

Luego de un preacuerdo con la Fiscalía y de degradar su participación en calidad de autor a cómplice, se estableció una rebaja en la pena a cumplir y se logró la sentencia. (Ver Juez envió a la cárcel a funcionario del Igac que habría recibido millonarias coimas)

Mejía fue detenido en octubre de 2018 en su lugar de trabajo y hallado culpable de realizar exigencias económicas a propietarios de bienes inmuebles a cambio de agilizar y desarrollar trámites relacionados con englobes, disminución del valor de avalúos, desenglobes, entre otros procesos. Esto, aprovechando su cargo como oficial de catastro grado 7 del Igac. (Ver CTI captura a funcionario del Igac por cobrar dineros a propietarios de inmuebles en Ibagué)

Luego de que las autoridades adelantaran las labores investigativas, se pudo establecer que el monto de los sobornos a las 22 víctimas estaría en $15.000.000. De igual forma, el ente acusador pudo corroborar que el condenado reclamó el dinero en diferentes casas de giros y remesas.

Así las cosas, el hoy condenado no solamente reclamaba el dinero de las coimas en Ibagué sino en otras zonas del departamento en donde debía hacer visitas de rutina a los inmuebles.

Tras la denuncia realizada por una de las víctimas a la que le tenía suspendido un proceso cerca de 6 años y que ya le había pagado, se desencadenaron una serie de quejas ante la entidad que fueron conocidas por el director de la entidad, quien a vez brindó información útil a los miembros del CTI para adelantar el proceso investigativo.

Otro de los elementos de prueba fundamental del ente investigador fue el resultado de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que les exigía dinero a los propietarios de los bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites gratuitos.