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El director nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Juan Antonio Nieto, aseguró que el Concejo Municipal no tenía competencias para aprobar el Acuerdo por medio del cual tumbaron los excesivos cobros del impuesto predial en Ibagué.
“El Concejo no es competente para haber tomado una decisión de ese calado porque no le corresponde desvirtuar, no reconocer las bases catastrales y la actualización que se hizo. En nuestro sentir, fue una decisión que no se ajusta a derecho”, afirmó Nieto después de haber participado en el debate de control político sobre el predial que se desarrolló en el Congreso.
Nieto, de otra parte, afirmó que el Igac demandó el Acuerdo, y explicó que la petición que hizo el Concejo de liquidar el polémico convenio de actualización catastral no es viable. (Ver: Igac no revocará el convenio de actualización catastral de Ibagué)
“Si a nosotros el Concejo nos dice en el mes de noviembre o diciembre de 2017 que no iba a poner en vigencia el tema de la actualización, por supuesto que nosotros no lo hacemos, pero tuvo que ser ahí en ese momento, no después cuando ya salieron todos los resultados”, subrayó el director del Igac.
Con estas afirmaciones, Nieto coincidió con la argumentación jurídica que utilizó el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, para someter el Acuerdo a control de legalidad ante el Tribunal Administrativo. En el documento enviado el pasado 22 de marzo, el mandatario señaló que la iniciativa era “bien intencionada pero ilegal e inconstitucional”. (Ver: Acuerdo que tumbó exagerados cobros del predial fue enviado al Tribunal Administrativo del Tolima)
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Sin embargo, el presidente del Concejo William Rosas, mantuvo su posición de que la corporación sí actuó conforme a la ley y que el Acuerdo fue aprobado para el beneficio de la población.
“Sostenemos nuestra postura de que actuamos conforme a la constitución. Además se trató de un alivio para los contribuyentes a quienes les estaban cobrando exagerados cobros del tributo”, dijo el concejal.
La última palabra la tienen los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima quienes en los próximos meses decidirán si aprueban o por el contrario tumban el polémico Acuerdo que puso a marchar por las calles de la ciudad a miles de ibaguereños que se quejaron de los desmesurados cobros del tributo.
