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El argumento de ilegalidad con el que los concejales y el Ministerio del Interior hundieron las consultas en Cajamarca e Ibagué, fue reprochado por Diana Rodríguez Franco, investigadora principal y experta en temas ambientales de la ONG DeJusticia.
Rodríguez Franco, quien fue consultada por ELOLFATO.COM, consideró infortunada la decisión tomada por los políticos de la región. Los falsos argumentos de ilegalidad en el que se escudaron las autoridades locales, según la investigadora, lo que realmente dejó en evidencia fue el desconocimiento de la voluntad popular.
En menos de una semana se hundieron las dos consultas populares que se pretendían llevar a cabo en Cajamarca e Ibagué sobre minería. Por un lado, los cabildantes de Cajamarca dijeron no al mecanismo de participación por supuesta ilegalidad en el proceso, a lo que Rodríguez Franco rechazó y calificó como errónea la justificación de los concejales. (Ver votación que hundió la consulta en Cajamarca)
Y por otro lado, la Alcaldía señaló que el concepto entregado por el Ministerio del Interior sobre las consultas manifestaba que supuestamente las entidades territoriales no pueden elevar consultas sobre minería y la ciudad no era escenario de proyectos mineros. Una lectura equivocada para Diana Rodríguez. (Ver por qué no habrá consulta en Ibagué)
"La ley 136 del año 1994, en el artículo 33, dice que cuando hay proyectos mineros que amenacen con cambiar los uso del suelo o las actividades tradicionales en un municipio, se deberá hacer una consulta popular, que es el caso de Cajamarca", aseveró.
De igual manera, la experta en jurisprudencia ambiental indicó que las actividades mineras no solamente ocurren donde se va a hacer la extracción del material, que sería en Cajamarca, sino que además, como lo ha dicho la misma multinacional AngloGold Ashanti, en otros momentos, la idea era construir una piscina de lixiviación en Ibagué, por lo que la ciudad se vería involucrada.
La consulta puede ser impulsada de nuevo
A pesar de la negativa del Concejo municipal de Cajamarca, "el alcalde podría volver a presentar otra pregunta un poco distinta de la original. (…) La ciudadanía debe expresarle al alcalde el deseo de realizar una consulta. El mero hecho de aprobar una consulta en el Concejo no quiere decir estar a favor o en contra de la consulta", explicó Rodríguez.
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Los alcaldes como lo expresa la ley y algunas sentencias de las Altas Cortes, tienen la potestad para llevar ante los concejos este tipo de iniciativas, "lo mejor serían unas mesas de diálogos donde se discutan las posibles formulaciones de la pregunta" de la consulta, de acuerdo con la investigadora.
