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El concejal Humberto Quintero, uno de los cabildantes sancionados por la Procuraduría General por la elección irregular del excontralor Municipal Ramiro Sánchez en 2016, dijo que no renunciará a su curul y que buscará mecanismos administrativos para reclamar sus derechos constitucionales.
Según el concejal, su intención es hacer valer derechos que fueron vulnerados tras la decisión del Ministerio Público. Dentro de los derechos que según él habrían sido vulnerados, se encuentran el del debido proceso y otras garantías propias de su ejercicio como concejal de la ciudad.
“No voy a renunciar. Tengo unos mecanismos de defensa que voy a utilizar, voy a iniciar procesos administrativos ante los despachos judiciales, con el fin de reclamar mis derechos constitucionales, al debido proceso y otras garantías que tengo como concejal”, señaló.
Ante las declaraciones de Quintero, EL OLFATO consultó a un abogado especialista en este tema, quien explicó que lo que buscaría el cabildante es demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el fallo de la Procuraduría, que sancionó por nueve meses a él y otros 14 concejales de Ibagué.
Así las cosas, las pretensiones del concejal de Cambio Radical serían demostrar una presunta violación al debido proceso, que de probarse, le permitiría solicitar una medida cautelar para suspender la sanción.
Vale recordar que la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la suspensión, por nueve meses, de 15 concejales de Ibagué y un exconcejal que eligieron irregularmente al excontralor Municipal Ramiro Sánchez, en enero de 2016.
Esta decisión del Ministerio Público, que permaneció engavetada un año en la sede de la entidad en Bogotá, resultó muy llamativa dado que por hechos similares fueron destituidos e inhabilitados por 12 años 16 concejales de Valledupar. (Vea: Procuraduría confirma leve suspensión contra concejales de Ibagué).
Futuro político
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Entre tanto, Quintero aseguró que pese a la sanción de la Procuraduría que lo aparta de su cargo por nueve meses, su futuro político no se ve comprometido, ya que no existe una sanción disciplinaria en su contra.
“El futuro político mío continúa porque no hay ninguna sanción disciplinaria, es una suspensión y no hay un delito que venga a limitarme”, advirtió.
Asimismo, sobre el control político al interior de la Corporación, dijo que los cuatro concejales que quedarán: Pedro Mora, Martha Ruiz, Luis Alberto Lozano y Juan Pablo Salazar, tendrán la responsabilidad de aprobar o desaprobar los actos administrativos que se presenten.
“Existen unas mayorías y unas minorías y hay cuatro concejales que tendrán la responsabilidad para aprobar, o no, los actos administrativos. En caso de que se tomen decisiones inadecuadas, para eso están las autoridades disciplinarias y de rasgo penal”, señaló.
