Pese a que este viernes se conoció que la Procuraduría dejó en firme la suspensión de nueve meses contra 15 concejales de Ibagué, algunos cabildantes aseguran que al no estar notificados por el Ministerio Público, están habilitados para trabajar.
Uno de ellos fue el concejal Humberto Quintero, quien sostuvo que todavía no está en firme la ejecutoria del fallo y que hasta que éste no se resuelva, no se pueden tomar acciones contra los cabildantes. (Ver: Quedó en firme sanción a 15 concejales de Ibagué y Jaramillo será notificado por la Procuraduría)
“Como no estamos notificados, estamos habilitados para trabajar mientras la Procuraduría deja en firme el fallo. La Procuraduría ni siquiera nos tiene inhabilitados ni suspendidos por la página en cada uno de los antecedentes, tanto especiales como ordinarios”, subrayó el cabildante.
«Hoy por hoy no están sancionados los 15 concejales, y si quieren pueden ustedes ingresar a la página de la Procuraduría y confirmar esto. Hay que esperar que surta lo de ley, la respectiva ejecutoria y que se notifique que el fallo está en firme”, agregó.
Sin embargo, fuentes del mismo Ministerio Público le confirmaron a EL OLFATO que los concejales sí fueron notificados por edicto sobre esta sanción.
No obstante, Quintero asegura que no han sido proferidos los edictos, y que hasta que esto no se haga, no se puede cumplir el fallo.
“Un trámite de un fallo queda ejecutoriado una vez se hagan las respectivas notificaciones y se pasen los respectivos edictos, entonces ahí sí queda en firme el fallo y hay que cumplirlo, mientras tanto no”, declaró.
Finalmente, el concejal ratificó que buscará mecanismos administrativos para reclamar sus derechos constitucionales. De hecho, Quintero había asegurado que no renunciaría a su cargo como Concejal y que utilizaría los mecanismos de defensa ante los despachos judiciales. (Ver: Concejal Humberto Quintero no renunciará a su curul y buscaría tumbar fallo de la Procuraduría).
“No voy a renunciar. Tengo unos mecanismos de defensa que voy a utilizar, voy a iniciar procesos administrativos ante los despachos judiciales, con el fin de reclamar mis derechos constitucionales, al debido proceso y otras garantías que tengo como concejal”, señaló.