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El concejal Humberto Quintero denunció que la aprobación del proyecto de acuerdo que permitirá la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía en 2019 tiene vicios de trámite, razón por la que solicitó a la Procuraduría General iniciar una investigación.
Según manifestó el cabildante, el proyecto fue aprobado sin que se entregara el articulado a los 19 concejales, razón por la que hubo un vicio de trámite que podría tumbar el acto administrativo aprobado el pasado viernes por el Concejo de Ibagué.
“Si bien es extenso el articulado, por obligación debe hacerse llegar de manera física y magnética. El argumento que dieron fue que era para economizar papel pero esto no tiene lugar porque igual hay que leerlo con el fin de que hiciera parte del primer y segundo debate”, explicó Quintero.
El cabildante de Cambio Radical sostuvo que, aunque durante el segundo debate se leyó el articulado, existió vicio de procedibilidad pues el reglamento interno del Concejo exige que cuando existen procedimientos que no quedan resueltos, deben volver a la comisión de origen para que sean corregidos.
“Esta petición la hice en segundo debate y la negaron por el afán de aprobar ese proyecto. En segundo debate solo les entregaron el articulado a los ponentes del proyecto”, agregó.
Proyecto se habría aprobado sin estudios de planeación
Ante los señalamientos contra la manera en que se aprobó el proyecto por parte de la Corporación, Quintero dijo que la Procuraduría Regional también deberá investigar la presunta falta de soportes de estudios financieros y contables de este acto administrativo.
“Cuando se crean nuevos cargos, direcciones y secretarías debe hacerse un impacto fiscal a corto, mediano y largo plazo, así como las proyecciones de los valores que se van a comprometer dentro del presupuesto y eso tampoco está, por eso solicité a la Procuraduría que investigue y que intervenga ese acto administrativo por falta de principios de planeación”, acotó el concejal.
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También cuestionó la capacidad de infraestructura física de la Alcaldía para albergar los 268 nuevos cargos que se crearán a partir de enero de 2019, indicando que la administración municipal no puede dedicarse a pagar arriendos en diferentes sitios de la ciudad donde los usos de los suelos no son compatibles.
“Se pagan cantidades exorbitantes de arriendos, teniendo en cuenta que estos predios no cumplen con las adecuaciones que se requieren para atender personal y atender ciudadanos”, subrayó Quintero.
Y agregó que “debe preguntarse dónde van a ubicarse los 600 nuevos empleados que contempla el proyecto y en qué condiciones se van a ubicar. Eso va a representar mayor cantidad de plata para el municipio que podría llevar a un posible detrimento patrimonial”.
Por último, Quintero manifestó preocupación por la actuación que pueda tener la Procuraduría General ante esta denuncia, especialmente cuando el Procurador Fernando Carrillo se reúne en eventos sociales con algunos jefes políticos de Ibagué. Sin embargo, dijo que, de no haber celeridad en la investigación, esta deberá ser asumida por la Fiscalía General.
