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Este martes, el senador Jorge Enrique Robledo presentó ante la Superintendencia de Sociedades una demanda en contra de la polémica empresa de servicio privado de transporte, Uber. En el documento se solicita que se cancele la personería jurídica para que no pueda prestar sus servicios en el país.
Según Robledo, Uber está utilizando su personería jurídica para violar la ley colombiana, toda vez que está afectando a terceros, tal y como lo han señalado la Superintendencia de Transporte, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte.
Para el senador, el objetivo es impedir que Uber siga defraudando la ley, afectando a los consumidores y perjudicando a los taxistas. (Ver: Así funciona Uber en Ibagué)
«También se solicita que las autoridades procedan de manera consecuente con las sanciones que ha recibido la multinacional por violar la Ley. El levantamiento del velo corporativo es un paso importante para que la autoridad competente proceda a cerrar la empresa, suspender la aplicación y establecer las sanciones a la que haya lugar para las personas naturales que han promovido la violación de la Ley«, manifestó Robledo.
De igual forma, el senador del Polo Democrático Alternativo dijo: «Las autoridades competentes, como la Superintendencia de Transporte, han determinado que esta es una compañía que viene actuando en la ilegalidad, y violando la constitución y las leyes de la República. Y si eso es así, las otras autoridades deben actuar en consecuencia«, aseguró. (Ver: Taxistas de Ibagué también rechazan a Uber)
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Robledo también dijo que el hecho de conocer cómo funciona la plataforma de Uber debe servir para que los taxis en Colombia que sí están dentro de la legalidad procuren mejorar de manera drástica el servicio que le prestan a los usuarios del país.
«Este no es un debate en relación a si se debe, o no, mejorar el servicio de taxis en Colombia. Es obvio que hay que mejorar todo lo que se pueda. Ni es un debate en torno a la utilización de aplicaciones tecnológicas en los negocios: esto es sobre si las transnacionales, en este caso Uber, cumplen o no con las leyes de la República o si pueden pasarselas por la faja, promover la corrupción en el país e imponer que el Estado actúe en condiciones de alcahuetería», dijo el Senador.
Así pues, en la demanda se puede leer: «Las actuaciones adelantadas por Uber no solo resultan ser desleales ante sus competidores, que ofrecen servicios sustitutos de manera legal, sino que afecta el interés general (servicio público), aumenta la congestión y las externalidades propias de un descontrolado aumento de la oferta al tiempo que implica una ventaja competitiva importante«. (Ver documento completo)
Robledo concluyó que es deber del Estado proteger al medio millón de familias de propietarios y conductores que trabajan en este sector de transporte y actúan en la legalidad frente a aquellos que deciden promover la violación de la Ley.
