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La Procuraduría delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad suspendió por 10 meses al polémico alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, por extralimitarse en sus funciones. (Alcalde de Mariquita evitó lectura de fallo en su contra con una excusa médica de su abogado)
Galindo era investigado por abusar de su poder de alcalde y tomarse a la fuerza la Empresa de Servicios Públicos de Mariquita (Espuma), de la cual el 30 % de las acciones le pertenecen al Municipio y el 70 % a una sociedad de empresarios del Tolima.
La intervención que hizo el mandatario solo podía hacerla la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero él, motivado por unas disputas aparentemente personales con algunos socios de la empresa, les ordenó a sus subalternos tomarse la empresa con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad). Los hechos se registraron el 4 de julio 2017.
Este comportamiento irregular provocó una investigación disciplinaria que se desarrolló, en principio, en la Procuraduría de Honda, dependencia que tenía el fallo listo hace un año.
Sin embargo, el caso fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, en donde analizaron de nuevo el expediente y se tomaron 12 meses para emitir la decisión sancionatoria leve.
Alejandro Galindo apeló el fallo y, ahora, la Procuraduría tiene cerca de 45 días para modificar o mantener en firme la decisión contra uno de los mandatarios más cuestionados del Tolima, protegido y apoyado por los partidos Liberal y Cambio Radical. (Ver: Procurador Fernando Carrillo de parranda con los políticos del Tolima)
El alcalde de Mariquita ganó las elecciones en octubre de 2015, gracias -entre otras cosas- a la promesa de construir proyectos de vivienda popular, a través de un programa que lideraba su exesposa Ángela Gutiérrez, quien fue capturada en noviembre de 2017. (Alcalde que estafó a su pueblo viaja por Europa y Asia mientras su esposa está en prisión)
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La exprimera dama captó irregularmente cerca de $6.000 millones y estafó a unas 1.200 víctimas, pero la Fiscalía solo la judicializó a ella.
La señora Gutiérrez, detenida en la cárcel de Picaleña, ha dicho que los dineros ilícitos se utilizaron en la campaña del sancionado alcalde de Mariquita.
Lo que argumentó la Procuraduría
En fallo de primera instancia el Ministerio Público estableció que aunque el funcionario respondió negativamente la recusación presentada, omitió enviarla a la Procuraduría Regional del Tolima para que decidiera si procedía o no el recurso. Adicionalmente, continuó con el proceso de retoma de las redes de servicios públicos, cuando por ley debía suspenderlo mientras la Procuraduría adoptaba una decisión al respecto.
El ente de control señaló en el fallo que los servidores públicos no pueden decidir unilateralmente si proceden o no las recusaciones en su contra, pues en aras de brindar imparcialidad y garantizar que las actuaciones administrativas se adelantan adecuadamente, esos recursos deben cumplir todo el trámite legal establecido.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de Galindo Rincón como una falta gravísima cometida con culpa grave.
