Al parecer, no todas son buenas noticias para la dirección de la Universidad del Tolima, en cabeza de José Herman Muñoz Ñungo.
La última sesión del Consejo Superior de la institución, realizada el pasado mes de abril en Bogotá, designó a cuatro de sus miembros para investigar las supuestas irregularidades que se vienen presentando en el claustro y que, de acuerdo con algunos estudiantes y profesores, la tienen en una grave crisis financiera, administrativa y académica. (Ver nota: Los días difíciles de la UT)
El Consejo Superior Universitario (CSU) está conformado por nueve personas y es, según Ley 30 de 1992, el máximo organismo rector de las universidades estatales.
En el de la UT, toman asiento dos representantes del Gobierno Nacional (uno del Ministerio de Educación y otro directamente de Presidencia), el Gobernador del Tolima o su delegado, un representante de los gremios económicos, uno de los ex rectores, uno de las autoridades académicas y uno de los egresados, los profesores y los estudiantes, con voz y voto.
El Rector hace parte de las sesiones del CSU con voz pero no tiene voto.
La comisión que se instaló, el viernes 29 de abril, es de alto nivel: está conformada por la representante de Presidencia, Maribel Córdoba Guerrero; del Ministerio, Raquel Díaz; de los gremios, Gildardo Monroy; y de los ex rectores, Fernando Misas Arango.
En la UT, se habla de que, posiblemente, el MEN apruebe “medidas preventivas” para atender el caso de la UT a través de la recientemente aprobada Ley 1740 de Inspección y Vigilancia.
Los puntos álgidos
La comisión del CSU se ocupará de los siguientes temas:
Contratos de Prestación de Servicios (CPS) (antiguas Órdenes de Prestación de Servicios – OPS): los consejeros tienen el ojo puesto en los conceptos técnicos que justificaron la progresiva contratación de personal para realizar labores que supuestamente no pueden llevar a cabo el personal administrativo de planta, provisional y transitorio.
La cifra de CPS asciende a 551 en 2013, 635 en 2014 y 217 en lo que va corrido de 2015 (con corte a abril). EL crecimiento de la nómina de transitorios también preocupa al órgano rector. (Ver informe)
Déficit fiscal: Los consejeros investigan un presunto déficit fiscal, no presupuestal, como han afirmado las directivas. Funcionarios del MEN estarían auditando los fondos que la UT tiene en cuentas bancarias hasta el 31 de marzo del presente año.
De acuerdo con algunas versiones, el crédito rotativo por cinco mil millones de pesos gestionado por la rectoría para flujo de caja, no alcanzaría a suplir todos los gastos que se encuentran presupuestados, y que hasta ahora no cuentan con los recursos frescos que los respalden.
Para amarrar dichos recursos, el Rector emitió la Resolución 0677 de 2015, por medio de la cual concentró la ordenación del gasto en tres oficinas (y se lo quitó a otras), lo cual ha generado revuelo en las facultades y algunas dependencias, que contaban con ejecución de hasta 200 salarios mínimos legales vigentes. (Ver Resolución)
Convenio con la San Martín: no está claro, ni en qué se invirtieron los recursos que ingresaron por la vía del polémico convenio, ni con cuáles recursos se suplirán los gastos que comprometerá graduar a los más de 300 estudiantes matriculados en Medicina Veterinaria y Zootecnia en Cali, Armenia y Montería, y que tendrá que asumir la UT debido a la intervención del Ministerio sobre la San Martín.
Sólo las últimas 4 semanas del semestre B de 2014 en las tres sedes, le costaron a la UT más de 232 millones de pesos. (Ver informe)
Actualmente, la UT se encuentra en audiencia de conciliación extrajudicial con la San Martín, para cobrar lo que le adeuda a junio de 2014, recursos que ascienden a 605 millones de pesos.
Construcción del Hospital Veterinario: debido a los montos adicionales que, al parecer, comprometería la terminación de la obra (Otrosí), los consejeros, en sesión ordinaria del CSU del mes de marzo, exigieron los estudios “de las adiciones de recursos económicos que se requieren a causa de aquellos elementos no previstos en la obra y que generaron incrementos en sus valores y solicitan información sobre las pólizas que respaldan la realización de los estudios y diseños previos (…)”. (Ver acta)
El Consorcio CLB Tolima 2014, responsable de la construcción del Hospital Veterinario, estaría a punto de romperse debido a la posible renuncia del ingeniero William Cardona, por diferencias en torno al manejo de los recursos, la contabilidad, las subcontrataciones de personal y el avance real de la obra, que se ha presentado en el 30% cuando en realidad estaría en el 11. (Ver acta).
De separarse uno de los consorciados, se modificaría sustancialmente el contrato, lo que impediría la terminación del hospital para septiembre, tal como se espera por parte de la comunidad universitaria.
Los otros asuntos delicados
La entrevista concedida a ELOLFATO.COM en la que José Herman Muñoz revela que el problema de la droga se le está saliendo de las manos, ha causado revuelo en la institución. (Vea entrevista)
Mientras algunos consideran que sus afirmaciones confirman las versiones de la Policía Metropolitana según las cuales la UT sería la mayor olla de Ibagué, otros por el contrario valoran como honestas las declaraciones del Rector, para quienes él siempre se ha mostrado preocupado por manejar dicha situación.
No obstante, entre críticos y defensores de su gestión, existe consenso en que la situación podría tornarse insostenible. Algunos profesores empiezan a organizarse en torno a la idea de una universidad libre de humo, así como los funcionarios reclaman el respeto a sus espacios de trabajo.
Por su parte, los consumidores exigen espacios dignos para su actividad, que consideran en derecho a la luz de la constitución y la jurisprudencia de las Altas Cortes.
¿Qué hacer? Es la pregunta que todavía nadie ha podido responder.
