Con bombos y platillos, en medio de una supuesta austeridad, se celebraron en Washington las efemérides del Plan Colombia, cuyos padres putativos fueron Andrés Pastrana y Bill Clinton. Dicho plan nació de la angustia del gobierno colombiano por la arremetida de la Farc durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, por las endebles fuerzas militares y por las consideraciones de los gringos de que éramos un Estado fallido.
Quince años después, ¿dejamos de ser un Estado fallido? Definitivamente no. Varios aspectos de nuestra radiografía institucional nos indican que nuestro gran mal no son la guerrilla, ni las Bacrim o la inseguridad, sino, en definitiva, la corrupción.
Que haya niños que mueran por desnutrición o que no sean atendidos a tiempo en el sistema de salud, es porque los recursos fueron a parar en manos de inescrupulosos, como ocurre en La Guajira. Que nuestros recursos naturales se agoten y que ahora los culpables sean los fenómenos del Niño o la Niña, y no la politiquería apelmazada en las Corporaciones Regionales, es pretender tapar el sol con un dedo y obedece al mismo mal: la corrupción.
Que la corrupción de cuello blanco no se conforme con el desfalco de sumas millonarias, sino que ahora sus objetivos sean multimillonarios, como ha descubierto la Contraloría General de la Nación con la planta Reficar en Cartagena, sobre la cual se estiman sobrecostos por 22 billones de pesos. Con dichos recursos no solo se podría construir la infraestructura 4G, sino muchos de los hospitales de los que adolece el sistema de salud, así como salvar y mejorar la educación pública en todos sus niveles.
Precisamente, los pilares de un Estado, representados por la Corte Constitucional, la Fiscalía y Procuraduría, instituciones que en cualquier país digno de una democracia sólida infunden respeto y credibilidad, en Colombia hacen parte de las entidades que tienen mayor percepción negativa y baja credibilidad.
El sistema judicial colombiano, según encuesta de Gallup, tenía en el 2014 un 79 % de desfavorabilidad entre los ciudadanos. Hoy debe rondar el 83 %. ¿Así cómo podemos decir que no somos un Estado fallido? Mientras esto ocurre, nuestras altas cortes se encuentran enfrascadas en una lucha política para suplir las vacantes que durante meses están disponibles. Estamos tan mal que la guerrilla de las Farc designará a los altos magistrados para la justicia transicional, pues los del Estado colombiano no tienen credibilidad.
La paz con la guerrilla de la Farc se firmará, pero nada indica que seamos un país sin conflictos, porque la corrupción es el nuevo grupo terrorista que habrá que combatir. ¿Pero con quién, si no no tenemos las armas de la justicia? Necesitaremos el apoyo del mundo para lanzar el Plan Justicia.
