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Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política un arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.
A pesar de que con su muerte los autores del crimen pretendían que su memoria muriera con él, casi dos décadas después de los hechos, su legado permanece en los recuerdos de los colombianos.
Como periodista, Jaime Garzón fue protagonista de programas como ¡Quac! y Zoociedad, en los que criticaba a través del humor y sátira a la clase política y evidenciaba la gran distancia que tenía de la sociedad colombiana y sus problemas. Profundamente comprometido con las clases populares del país, su labor periodística se acercaba a ellos tanto en lenguaje como en formato.
Este estilo le valió enemigos dentro del Estado, principalmente dentro de los militares. Según consta en los expedientes judiciales, integrantes de las fuerzas militares se aliaron con paramilitares para asesinarlo el fatídico 13 de agosto de 1999. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos y obtener justicia, este caso continúa en la impunidad.
Cronología de la impunidad
Días después del asesinato de Jaime Garzón, fueron capturados Juan Pablo Ortiz, alias “Bochas”, y Edilberto Sierra, alias “Toño”; acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, cinco años después fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. Adicionalmente, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntaban a que los autores del crimen eran miembros de la banda delincuencial La Terraza de Medellín, la cual estaba al servicio del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
En 2004, Carlos Castaño, jefe paramilitar desaparecido, fue condenado como autor intelectual de los hechos. En la decisión judicial, el juez absolvió a dos miembros de la banda “La Terraza”. Luego, en 2011, la familia de Garzón llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y un año después se adelantó el juicio contra José Miguel Narváez por haber sido otro de los presuntos determinadores del crimen. El coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y los generales retirados del Ejército, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo, también fueron vinculados al proceso, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio contra el periodista. (Ver: Condenan a la Nación por el asesinato del periodista Jaime Garzón)
El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen contra Garzón. En el fallo se hace referencia a la participación de militares y policías para coordinar el atentado contra el periodista. Mes y medio después, el 29 de septiembre, la Fiscalía declaró el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad al considerar que el homicidio sucedió en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de persecución política ejercida por las autoridades en contra de dirigentes sociales, líderes de la oposición y periodistas.
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El 29 de mayo de 2018, el caso fue remitido a la sala incidental de la Jurisdicción Especial para la Paz para definir si este mecanismo de justicia transicional tiene o no competencia para conocer acerca del caso. Debido a esta decisión, el juicio contra el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido.
A pesar de las decisiones adoptadas por la Fiscalía y las instancias judiciales en las que se reconoce la calidad de periodista de Garzón, la actual fiscal a cargo de la investigación no la reconoce y descarta que este asesinato sea un crimen contra la libertad de expresión. Es de conocimiento de la FLIP que el caso se mantiene en la impunidad como consecuencia de los intentos por desviar y afectar el curso de la investigación.
El aniversario del asesinato de Jaime Garzón es una oportunidad para conmemorar su labor humanitaria y resaltar el ejercicio periodístico que efectuó. La Fundación hace un llamado al sistema judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que cumplan con la obligación de investigar, juzgar y sancionar de forma diligente y efectiva este crimen. Diecinueve años sin resultados relevantes en el proceso penal son fiel testimonio de la rampante impunidad que afecta este y otros casos de crímenes contra periodistas.
Fuente Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)
