Siguiendo al pie de la letra la cartilla comunista que tanto le agrada, y por supuesto desconociendo los derechos inherentes a la propiedad privada, el pintoresco Alcalde de Ibagué acaba de anunciar su más reciente disparate: cerrar los bancos de la ciudad.
Este ridículo anuncio se suma a otras caricaturescas proclamas del alcalde Jaramillo, en donde se destacan la compra del Deportes Tolima por parte del municipio, la llegada del aguardiente Cristal a la ciudad, la construcción de un tranvía para Ibagué, la construcción de un moderno edificio por parte de la ONU y la construcción de un cable aéreo entre el Panóptico y el cerro de Pan de Azúcar, por mencionar tan solo algunas. (Ver: Aguardiente Cristal: ¡Que vivan las fiestas!)
Claramente, y como ya lo advierte la ciudad, el Alcalde se ha centrado en hacer anuncios que buscan distraer la atención ciudadana sobre los verdaderos problemas de Ibagué: corrupción, desempleo, informalidad, pobreza, inseguridad y bajo crecimiento económico.
Este último anuncio referido a las entidades bancarias se sustenta, según el Alcalde, en que los bancos no han asumido con seriedad las amenazas que imponen la inseguridad y la delincuencia, lo cual se demostraría en el insuficiente número de vigilantes y en la ausencia de cámaras de seguridad. Inexplicablemente para el alcalde Jaramillo, la inseguridad no está en las calles, ni tampoco se explica por las bandas de delincuentes locales y foráneos que hacen de las suyas en Ibagué, pues para él el verdadero problema de inseguridad está de las puertas de los bancos hacia adentro.
Parece que entre tanto anuncio inviable la administración local no se ha tomado el trabajo de revisar la Constitución Política, pues en su artículo 315 se señala claramente que es función del alcalde “conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de Policía del municipio”.
En este sentido, resulta obvio que si existe y persiste una problemática de seguridad en la ciudad, la misma no es atribuible al sector bancario, al sector comercial o a los ciudadanos del común, pues quien debe garantizar la seguridad ciudadana es el alcalde de la ciudad como primera autoridad de policía.
Así las cosas, creo que el liderazgo en materia de seguridad ciudadana le quedó grande al alcalde Jaramillo, quien esta vez tilda a las entidades financieras como los culpables de su propia ineptitud. Pero claro, no es la primera vez que busca responsables para su incapacidad de gestionar adecuadamente la seguridad de la ciudad, pues en julio de este mismo año culpó a los medios de comunicación por crearle una “mala fama a Ibagué” al “armar una alharaca inmensa” por informar sobre hechos delictivos registrados en la ciudad.
También va siendo hora que la Gobernación del Tolima, en virtud del artículo 303 de la Constitución Política que señala que el “Gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público”, tome medidas concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en Ibagué, pues resulta un riesgo mayúsculo seguir confiando en que la Alcaldía algún día asumirá un liderazgo efectivo en esta sensible materia. Solo esperemos que el próximo anuncio de Jaramillo no sea que nos va a traer a Robocop o al Comisario Rex…
Post Data: Me he dado a la tarea de revisar algunos de los pomposos anuncios del alcalde Jaramillo, y algunos de ellos coinciden con temas contractuales que han pasado casi desapercibidos por medios y ciudadanía. Espero que este cantinflesco anuncio de cerrar los bancos, así como la polémica sobre valorización o el proyecto Agrópolis (o Tumbópolis como ya es conocido) que actualmente ocupan la atención ciudadana, no sean un “globo” para distraer la atención sobre la millonaria licitación del Ibal por $27.000 millones que actualmente se encuentra publicada. Ya dice un viejo adagio: piensa mal y acertarás…
