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La redada de la Fiscalía General de la Nación en por lo menos cinco ciudades del país, entre ellas Ibagué, permitió la captura del reconocido empresario Marco Antonio Ramírez Varón, el hombre fuerte detrás de la polémica Fundasalud, una entidad salpicada en hechos irregulares durante la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez y en el actual gobierno de Óscar Barreto Quiroga.
Ramírez hace parte de las 10 personas detenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), quienes están siendo presentadas ante dos jueces de control de garantías de la ciudad, señalados de estar defraudando el sistema de salud y comercializando medicamentos adulterados. (Ver: Gigantesco operativo de la Fiscalía contra redes de corrupción en la salud deja 10 capturas en el Tolima)
Pese a que la Fiscalía ha mantenido el caso bajo reserva absoluta, debido a que el operativo nacional aún no ha terminado, EL OLFATO pudo confirmar que Marco Antonio Ramírez es uno de los ‘peces gordos’ que cayó en esta investigación.
El detenido es uno de los contratistas más poderosos del sector de la salud en el Tolima y ha sido muy cercano a congresistas en esta zona del país.
Fundasalud ha sido protagonista en varios escándalos de corrupción revelados por este medio de comunicación en los últimos tres años.
La millonaria encuesta que contrató Luis H. con Fundasalud
Tres semanas antes de terminar su cuestionada administración, el exalcalde Luis H. Rodríguez le entregó un contrato de $578.489 millones a Fundasalud IPS para aplicar 30.000 encuestas en tan solo 25 días. (Ver: Luis H. pagó encuesta por $578 millones para saber cuáles eran los quebrantos de salud de los ibaguereños)
El jugoso negocio buscaba determinar cuáles eran las dolencias de los ibaguereños, de los estratos uno y dos, para de esta manera trazar políticas de Atención Primaria en Salud (APS), según denunció este medio de comunicación.
El contrato lo adjudicó la exsecretaria de Salud de Ibagué Gilma Lucía Peña quien ocupó ese cargo en representación del excongresista Emilio Martínez, jefe de Cambio Radical, aliado en su momento del exalcalde Luis H. Rodríguez y ahora de Guillermo Alfonso Jaramillo.
Triangulación de recursos en la Gobernación del Tolima
La Secretaría de Salud del Tolima y el hospital San Juan Bautista de Chaparral celebraron un contrato por $ 1.000 millones, el 9 de junio del año 2016, para la prevención del zika y el chikunguña en 11 municipios del departamento.
Resulta que las dos entidades públicas firmaron ese convenio interadministrativo, muy posiblemente, para evadir la ley de contratación pública y poder tercerizar las obligaciones en un particular escogido por el hospital de Chaparral. (Ver: Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima)
Según la Contraloría, el día 19 de julio la Fundación Vida y Salud Solidaria (Fundasalud) presentó una oferta y, tres días después, el 22 de julio, fue seleccionada para ejecutar las tareas que le encomendó la Secretaría de Salud del Tolima al hospital San Juan Bautista.
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Ese contrato, por $930.500.000, lo firmaron Ángela Maritza López, como gerente encargada del hospital de Chaparral, y Andrea Carolina Ramírez Varón, representante legal de Fundasalud.
“Si la Secretaría de Salud del Tolima buscó al hospital de Chaparral era porque contaba con la idoneidad y el personal para ejecutar las obligaciones del contrato; no se entiende por qué terminó subcontratando las mismas obligaciones del convenio No 637 de 2016”, sostiene una fuente de la Contraloría. (Ver: Funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima deben responder por pagos indebidos)
Asimismo, la investigación alertó sobre cobros irregulares en este polémico caso. Por ejemplo, el subcontratista Fundasalud cobró $144.800.000 por la recolección de inservibles y el transporte de personal, pero las personas que supuestamente cobraron estos servicios negaron -por escrito- haberlo hecho.
“Lo anterior debido a deficiencias en la etapa precontractual, incorrecta decisión administrativa de la Dirección del Hospital al pagar por servicios no prestados y del contratista por cobrarlos, y falta de supervisión y control por parte de la supervisión de la Secretaría de Salud del Departamento y del Hospital San Juan Bautista de Chaparral, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $144.8000.000, afectando los recursos de salud pública”, denunció la Contraloría.
Otro pago indebido fue el que hizo el hospital San Juan Bautista, supuestamente por la operación logística de un proyecto que no ejecutó, advirtió el ente de control fiscal. Por ese ítem, el centro asistencial le cobró a la Secretaría de Salud del Tolima la suma de $56.000.000, y el subcontratista (Fundasalud) igualmente facturó $75.000.000.
Ante la evidente irregularidad, el centro asistencial tuvo que devolver el dinero.
Entre tanto, los detalles de esta investigación de la Fiscalía General de la Nación se darán a conocer en las próximas horas.
