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La Contraloría Departamental del Tolima encontró que la obra inconclusa del hospital veterinario de la UT generó un presunto detrimento patrimonial de $4.062 millones y calificó el proyecto de “ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
Esta obra fue un “elefante en blanco”, como lo llamó el entonces rector de la universidad, José Herman Muñoz, en la que se hizo un contrato por $6.139 millones, pero quedó inconclusa por los múltiples enfrentamientos que se presentaron entre los ingenieros William Cardona, Jorge Borgogno Arango y Renee López, integrantes del consorcio CLB 2014. (Ver: Hospital Veterinario de la UT, el ‘elefante blanco’ que se quedó en el olvido)
Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció la falta de planeación en el proceso desde el inicio de los estudios previos, falta de evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría, entidad que aprobó dos actas parciales por un valor de $1.696 millones sin que se encontraran debidamente soportadas.
Asimismo, resaltó que no se tomaron medidas para hacer efectivas las multas a que habría lugar permitiendo que el contrato prorrogara el plazo y se hubiera suspendido en repetidas ocasiones, logrando solo el avance del 44% de la obra. A la fecha del proceso auditor el plazo se encuentra vencido sin que se hubiese finalizado la ejecución total de la obra.
Además, la UT no le exigió al contratista el pago del 5% del valor del contrato para el cobro y pago de impuestos de la seguridad ciudadana conforme lo establece la ley por valor de 173.952 millones.
Fallo obligado
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Estos resultados llegan después de un fallo de tutela de segunda instancia emitido por la sala laboral del Tribunal Superior de Ibagué, que le ordenó a la Contraloría departamental tomar decisiones frente a las investigaciones en relación con el desfalco del hospital veterinario.
Esta tutela fue presentada por uno de los ingenieros de la firma, William Cardona, responsable también de la denuncia en contra de la obra cuatro años atrás. Inicialmente Cardona presentó un derecho de petición para conocer el avance de su requerimiento y saber si existían méritos para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, al recibir una respuesta confusa e incompleta, optó por la acción de tutela. (Ver: Juez ordena al Contralor del Tolima entregar resultados de investigación por desfalco del Hospital Veterinario)
El caso quedará en manos de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, la Procuraduría y al Fiscalía General de la Nación una vez surtan las actividades del proceso auditor.
