Los primeros días de Enero, los ibaguereños fuimos sorprendidos por una serie de decisiones tomadas por la administración municipal que usted encabeza, las cuales implican mayores esfuerzos económicos de la ciudadanía y que, a mi juicio, deben sopesarse con la situación económica actual.
En primera medida, el incremento en las tarifas del transporte público colectivo, tanto de busetas como de taxis, incremento que, aunque parezca justificado, debe evaluarse respecto a los avances en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. Aunque un porcentaje significativo de ibaguereños todavía utiliza el servicio de transporte público, este viene perdiendo participación en el total de medios de transporte utilizados, tal y como se evidencia en los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana, aplicada por el programa Ibagué Cómo Vamos.
Lo anterior derivado de los problemas de calidad que presenta este servicio y que han llevado a que muchos usuarios sustituyan el transporte colectivo por el transporte privado, con el consecuente impacto sobre la movilidad y la accidentalidad en la ciudad. Desde esta perspectiva, aunque puedan existir razones financieras para tomar esta decisión, no se entiende que los ibaguereños tengan que hacer estos esfuerzos sin que se vislumbren avances reales y efectivos en la mejora del transporte público de la ciudad. Más allá de la unificación del color de las busetas y la reorganización de algunas rutas, está claro que falta un trecho enorme para que el sistema de transporte tenga los niveles de calidad y eficiencia que requiere la ciudad musical.
De otro lado, Señor alcalde, y sobre la base de la actualización catastral, se han presentado incrementos inusitados del impuesto predial, cuya justificación ha girado en torno a que hace más de ocho años no se hacía dicha actualización, sumado a la necesidad de igualar el avalúo catastral con el comercial y que la mayor valorización de predios no se ha traducido en un mayor recaudo de impuestos. Aunque estos argumentos tienen un sustento racional, la administración municipal no puede perder de vista el contexto económico en el que se pretende actualizar las tarifas.
Desde el año 2015 el país -y desde luego la ciudad- está atravesando por una desaceleración de su crecimiento, en gran medida como consecuencia de la caída en los precios del petróleo. En 2015 incluso la pobreza monetaria y la pobreza extrema aumentaron en la ciudad, reflejando la fragilidad de esta variable en Ibagué ante caídas de la actividad económica y el incremento de la inflación.
Además de ello, la reforma tributaria golpeó de manera sensible el sector comercial que es la rama de actividad económica principal de la ciudad, por lo cual el impacto sobre el empleo puede conducir a golpear no solo a los sectores más vulnerables sino también a las capas medias. Así las cosas, aumentos de 100%, 200% o incluso de 300% en el impuesto, no se compadecen con el contexto señalado, por lo cual urge que se defina una estrategia viable para el pago fraccionado del impuesto o para que el aumento sea gradual, pues situaciones similares en otras partes indican que, cuando se incrementa de forma excesiva el impuesto, en lugar de mejorar el recaudo, este se reduce por la vía del impago del mismo por parte de los ciudadanos ante la imposibilidad objetiva de cumplir esta obligación tributaria.
La economía política de la tributación es clara en mostrar que hay un punto en que el recaudo cae como consecuencia del aumento del impuesto en lugar de subir, cuando estos incrementos resultan excesivos. Tal puede ser el caso de Ibagué.
