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Si usted tiene que realizar alguna diligencia en el Palacio de Justicia de Ibagué y necesita que le impriman documentos o hacer otros trámites tenga en cuenta que no será posible porque no hay impresoras, ni papel, ni tinta.
Las paredes y los vidrios del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en el cuarto piso del Palacio de Justicia, amanecieron este miércoles con carteles en los que los empleados de la rama judicial alertan a los usuarios sobre la crítica situación que viven.
«Se informa a los usuarios y juzgados del sistema penal que a partir de la fecha no es posible imprimir títulos judiciales por carecer de impresoras y otros suministros«, dice uno de los carteles.
«A partir de la fecha no pueden tramitarse diligencias que requieran impresión por falta de impresora y papel. Apóyenos, gracias«, afirman en otro de los afiches.
Ányela Rocío Blanco Triviño, secretaria del Centro de Servicios Judiciales, informa que la escasez de material para trabajar comenzó a notarse desde hace cuatro meses, pero que en las recientes semanas se ha hecho más evidente, hasta el límite de que no hay cómo funcionar ni atender a los usuarios o a los procesados.
De hecho, se calcula que allí se generan en promedio 1.500 oficios cada día, entre peticiones, trámites, formatos, solicitudes, derechos de petición, citaciones a audiencias, remisión o traslado de internos y títulos judiciales. Sin embargo, nada de esto es posible diligenciar sin impresoras, tinta o papel.
“Aquí trabajamos 40 empleados, entre citadores, escribientes, nosotros somos los encargados de darle cumplimiento a las decisiones judiciales de 21 despachos que integran el sistema. Veníamos funcionando a media marcha, pero esta semana se nos colapsó la última impresora que funcionaba”, afirma la Secretaria.
Ante la falta de notificaciones las audiencias públicas no se podrán realizar, se van a represar y la congestión en la justicia aumentará.
El caos ha obligado a que algunos jueces en los despachos tengan que sacar dinero de su bolsillo para comprar las tintas y algunos el papel para poder cumplir con la administración de justicia.
Sin embargo, hay despachos en los que tanto el juez como los empleados hacen ‘vaca’ o recolecta de dinero para poder comprar los materiales que la Rama Judicial debe tener para operar con dignidad.
“No contamos con los insumos necesarios para poder realizar nuestras funciones diarias, especialmente en lo que tiene que ver con los tones de las impresoras. A muchos jueces nos ha tocado comprarlo de nuestro propio peculio. La falencia es notoria”, afirma Norberto Ferrer Borja, el juez Sexto Penal del Circuito y coordinador del Centro de Servicios Judiciales.
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El juez calificó como un “minicese de actividades” lo que está pasando en el Centro de Servicios Judiciales, el lugar de mayor demanda de diligencias por parte de los usuarios.
“No hay cómo satisfacer las necesidades de la gente, derivada de las comunicaciones, no hay cómo pagar un título judicial. Todo nos indica que el presupuesto se agotó y que gran parte de los recursos que tenía la rama serán orientados al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP)”, asegura el togado.
Claudia Patricia Marín, usuaria cotidiana del Palacio de Justicia, califica la situación como “muy grave porque no solo afecta a los usuarios sino a los empleados, a quienes se les acumula el trabajo y no pueden cumplir con sus funciones”.
La dificultad que atraviesa el sistema penal también lo están sintiendo el administrativo, laboral, civil y familia, según lo afirma el presidente de Asonal Judicial en el Tolima, Antonio Quintero.
“Todo esto tiene que ver con un profundo recorte presupuestal del Gobierno nacional, por el que la Rama Judicial debería recibir cinco billones de pesos, pero solo recibe un poco más de tres billones de pesos. El problema no solo es en Ibagué y el Tolima sino en todo el país y afecta a todas las jurisdicciones de nuestra justicia”, señala el dirigente de Asonal.
Agrega que en el nivel central de la Rama hay una política de austeridad que se ve reflejada en la calidad del papel. “Antiguamente la papelería que se utilizaba era de 75 gramos de grosor y ahora nos suministran de 48 gramos, lo que ocasiona que las impresoras se traben o se dañen”, precisa.
A la falta de suministros de papelería y tinta para operar, Quintero agrega que en el Palacio de Justicia hay salas de audiencia que no funcionan por daños o la falta de equipos de tecnología.
A criterio del dirigente, con el caos que vive la justicia están en riesgo derechos fundamentales de los usuarios y de los procesados, en particular cuando está en juego la libertad de la gente.
