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El concejal William Rosas indicó que los cabildantes sancionados por la Procuraduría, a raíz de la elección irregular del excontralor Ramiro Sánchez, no asistirán a las sesiones ordinarias en el cabildo, las cuales serán instaladas en marzo.
El cabildante explicó que los 15 concejales que se encuentran suspendidos están a la espera de lo que suceda tras la sanción disciplinaria que los aparta de su cargo por un término de nueve meses.
“Mientras se encuentre la suspensión en firme no podríamos venir a sesionar, estamos esperando que primero, la comunidad pueda entender que éste no es un hecho de corrupción, sino una ambivalencia que tiene la Procuraduría frente a un hecho disciplinario, que no se debió haber sancionado, por haber sido objeto de una elección popular a un cargo público”, sostuvo Rosas.
Por otra parte, el concejal descartó la posibilidad de que los concejales implicados en esta suspensión renuncien a sus curules, pues según indicó, no pueden pensar en apartarse de sus cargos mientras están en búsqueda de herramientas jurídicas para ser absueltos por parte de la Procuraduría.
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“Si acudimos a los recursos jurídicos no podemos renunciar, pues no podemos estar permitiendo acudir a dos instancias. A través de una de esas instancias estamos debatiendo herramientas importantes establecidas por la Constitución y la ley”, acotó.
Sesiones se realizarán con cuatro concejales
De esta forma, el concejal Juan Pablo Salazar, quien fue designado como presidente encargado del Concejo de Ibagué, dijo que las sesiones ordinarias se realizarán con los únicos cuatro cabildantes que no están suspendidos por la Procuraduría.
“El Concejo tiene unas funciones establecidas por la Constitución, por lo tanto, nos corresponde a los cuatro concejales que no estamos suspendidos, cumplir con las obligaciones del ejercicio del control político y de ser la junta directiva del municipio de Ibagué”, subrayó.
