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La noticia de la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de descertificar a Ibagué por no entregar a tiempo la información que exige el Ministerio de Vivienda cayó como ‘un baldado de agua fría’. Los funcionarios de la administración de Luis H. Rodríguez no esperaban, que faltando menos de 15 días para terminar el periodo de gobierno, se revelara una información que mantuvieron oculta durante más de dos meses.
La descertificación provocaría que los recursos que girará el próximo año el Gobierno Nacional para agua potable y saneamiento básico (unos $8.988 millones), del Sistema General de Participaciones, lleguen a la Gobernación del Tolima y no a la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Por negligencia del IBAL, Superservicos ‘descertificó’ a Ibagué)
Pero para los funcionarios de la administración municipal parece que la sanción es lo de menos. Para ellos, lo importante es responsabilizar a sus compañeros de gabinete y salvar responsabilidades.
El gerente del IBAL, Carlos José Corral, puso a su jefe de prensa Yemmil Armando Hoyos, a escribir en las redes sociales y a llamar a los medios locales para decir que la culpa de la descertificación no era de la empresa sino de la secretaría de Desarrollo Rural, dependencia que no habría proporcionado la información oportunamente para el proceso de certificación.
Otro que reaccionó en las redes sociales fue el funcionario del IBAL, Gerardo Campos, quien dio a entender que la responsabilidad no era del IBAL sino de la secretaría de Hacienda, que es la directamente responsable de expedir “la certificación del pago o giro de subsidios”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Francisco Montoya, les dijo a los periodistas locales que él tampoco tenía la culpa. Según él, el error es de la Superintendencia de Servicios Públicos que “no revisó bien” los documentos que envió la administración municipal. (Ver respuesta a El Nuevo Día)
Montoya parece que tampoco está bien enterado porque, de acuerdo con la resolución que descertificó a Ibagué, la entidad que certifica el cumplimiento o el incumplimiento es el Ministerio de Vivienda, y no la Superservicios.
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Y para completar, el recurso de reposición que interpuso el Municipio de Ibagué para ‘tumbar’ la resolución,presenta como excusa unos supuestos problemas técnicos que habría tenido la plataforma en la que debían entregar los informes exigidos por el Gobierno Nacional.
“Es necesario acotar que la plataforma “SUI” presentó inconvenientes durante y después de las fechas señaladas para reportar la información”, explica la abogada Diana Nayive Gutiérrez, apoderada de la Alcaldía en este proceso.
En su escrito no aparece en ninguna parte que la secretaría de Desarrollo Rural tuvo problemas para entregar la información, como lo argumenta la gerencia del IBAL, ni tampoco hace mención a la secretaría de Hacienda en cuanto a la certificación de los subsidios correspondientes al año 2014, como lo sugirió el empleado del IBAL, Gerardo Campo.
Mientras tanto, en el Ministerio de Vivienda, entidad que entregó los soportes para la descertificación de Ibagué,están muy atentos a la decisión de fondo que adopte la Superintendencia de Servicios Públicos, que será en pocos días.
