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La Gobernación del Tolima respondió al duro informe que divulgó esta semana la Contraloría General de la República en el que aseguró que hubo un manejo ineficaz, ineficiente y antieconómico a los recursos del Sistema General de Participaciones durante el año 2014.
Los auditores de la Contraloría detectaron hallazgos con alcance fiscal por $4.399 millones de pesos, de los cuales $3.803 millones corresponden a la Gobernación del Tolima, otros $425 millones a la Alcaldía Ibagué, $161 millones a la Alcaldía de Purificación y $7 millones a Armero Guayabal.
El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, pidió a los secretarios de Salud, Edilma Hurtado, y de Educación, Melquisedec Acosta, que aclararan cada una de las observaciones hechas por la Contraloría General de la República porque su administración ha sido “coherente y transparente”.
La secretaria de Salud del Tolima, Edilma Isabel Hurtado Cardona, aseguró que su despacho ya presentó el Plan de Mejoramiento pero aclaró también algunos de los requerimientos de la auditoría tienen su explicación en las debilidades e inconsistencias del sistema de salud en Colombia.
La funcionaria explicó que en el tema de recobros de recursos, se debe hacer claridad que la Secretaría tiene que responder por solicitudes, que de acuerdo con la norma, son contempladas dentro del Plan Obligatorio de Salud que es responsabilidad de las aseguradoras o EPS.
Sin embargo, existen tutelas que obligan a responderle a la comunidad como es el caso de transporte, alimentación, pañales, entre otros. «Nosotros tenemos que responder a pacientes hemofílicos con su medicamento y así lo hemos hecho por la decisión de los jueces. Respondemos por transporte para pacientes que viven fuera del departamento. Los jueces por desconocimiento están descuadernando la normatividad y nos obligan a responder por aspectos que no nos corresponden, según la norma», estableció la funcionaria.
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En cuanto a los recursos de Salud Pública, la Secretaria hizo la aclaración que todos los contratos firmados en 2014 con los hospitales públicos se realizaron en cumplimiento de la Resolución 425 de 2008, como lo reza el artículo 12. «Hoy la norma cambió por la Resolución 518 de 2015, y en su articulado expresa que las acciones colectivas se contrataran con la red pública pero ella no puede subcontratar las actividades», manifestó Hurtado Cardona.
Aclaró que todos los recursos que entran a los hospitales, por Ley, el 5 por ciento deben ser destinados a mantenimiento sin importar su procedencia. Para la funcionaria, muy seguramente de los recursos que señala la Contraloría como «aquellos que se quedaron en la tesorería de los hospitales», provienen de allí. A esto hay que sumarle que para ejecutar las actividades en cada uno de los contratos con los hospitales es necesario tener en cuenta unos costos indirectos de operación por la logística que se requiere para cumplir con las obligaciones.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico y administrativo la tarea se ha cumplido y si hay errores en la ejecución por parte de los hospitales, serán ellos los que deben responder en la ejecución. “Nosotros presentamos un plan de mejoramiento y en él se contempla la liquidación de todos los contratos y si en el proceso la documentación presenta debilidades y no hay soportes requeridos, los hospitales deben devolver los recursos», indicó la Secretaria de Salud del Tolima.
Por su parte, el secretario de Educación, Melquisedec Acosta, dijo que los recursos calidad educativa y alimentación son girados a las Alcaldías y que el Departamento no tiene ninguna injerencia, advirtiendo que naturalmente se apoyan acciones para que se aplique con transparencia toda la gestión.
