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La Fiscalía General de la Nación capturó a los juristas Angie Tatiana Alcalá y Jesús Alirio Vergara, de la firma Vergara y Vergara Abogados sin Fronteras, porque pretendían cobrar indebidamente unos bonos a Colpensiones por un valor cercano a los $1.000 millones, supuestamente en representación de 27 exempleados de la Gobernación del Tolima.
De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, los dos abogados habrían falsificado certificaciones laborales de las 27 personas para hacerlas pasar como exfuncionarios de la Gobernación del Tolima y hacer el respectivo cobro ante Colpensiones.
Sin embargo, durante la investigación del ente acusador se pudo establecer que ninguna de las 27 personas tenía conocimiento de los procesos que adelantaban los dos abogados, y quienes incluso manifestaron que nunca habían trabajado en la Gobernación del Tolima, como querían certificar los juristas. (Ver: 55 abogados fueron sancionados en el Tolima por quejas de sus clientes en el 2015)
«En la investigación se encontró que ninguno de los supuestos demandantes laboró en la Gobernación. Entre ellos había una tendera y un soldado, quienes afirmaron a las autoridades que no habían trabajado para la entidad y desconocían el proceso que se adelantaba«, señala el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía.
Alcalá y Vergara fueron capturados y presentados por un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico ante el juez 22 de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, por los delitos de falsedad en material en documento público agravada por el uso, fraude procesal y estafa agravada.
Las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades judiciales en colaboración con funcionarios de Colpensiones, ya que el mencionado fondo pensional se declaró como víctima debido a su condición de actual administradora del régimen de prima media.
No obstante, a pesar de las pruebas aportadas por la Fiscalía, los dos imputados decidieron no aceptar cargos. Asimismo, el juez de Control de Garantías decidió enviar a los abogados a la cárcel La Picota, en la capital del país.
Precauciones
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Según Mauricio Olivera González, presidente de Colpensiones, la política de la compañía es prevenir los fraudes que afectan no solo los recursos públicos que administra la entidad y que hacen parte de los fondos con los cuales se le paga la pensión a miles de colombianos, sino también el patrimonio económico personal de los usuarios de la empresa.
“Es clave señalar que los afiliados a Colpensiones, no deben dejarse engañar por personas que ofrecen obtener las pensiones cuando no se tiene derecho, bien por falta de semanas o de la edad”, dijo Olivera.
Actualmente Colpensiones actúa como víctima en 1.211 procesos penales a nivel nacional y está adelantando todas las acciones necesarias para el restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación.
“Todos los mecanismos de prevención y detección de fraudes que se han dispuesto por la entidad y las autoridades, entre los que se encuentra el portal web de Colpensiones en la pestaña Antifraude y la línea gratuita 01 8000 518500; han evitado que los delincuentes se apropien de más de 13.500 millones de pesos”, señaló Olivera González.
