Corría el mes de julio de 2013 y desde ese momento se advertía no solo que la licitación de los diseños para los escenarios de los Juegos Nacionales era un proceso que lucía curiosa y burdamente amañado, sino que los costos presentados por la firma Typsa, a la postre la feliz ganadora de tan cuestionado proceso contractual, parecían estar inflados. (Ver: Bejarano cuestiona costos en consultoría de escenarios nacionales).
No es mi intención amargarle al exalcalde golfista su cómoda y lujosa vida, pero el atraco aparentemente perpetrado a nuestra ciudad merece dedicarle tiempo a escudriñar documentos y situaciones que, inclusive, puedan ser objeto de un juicioso análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación. A propósito del contrato suscrito entre Typsa y el Imdri, he aquí algunas perlas.
El contrato de consultoría 237 del 25 de Noviembre de 2013 entre Typsa y el Imdri contenía en su cláusula primera el listado detallado del personal profesional y técnico que la firma española iba a contratar para desarrollar el objeto del contrato, en donde se incluían un total de 111 personas por 4 meses y un valor que ascendía a los $7.399 millones (sin incluir el IVA). En esos contratos, como bien lo denunció en el Concejo de Ibagué el concejal Conservador Carlos Portela, se incluía un Gerente de Proyecto que devengaría un total de $22 millones al mes, cifra que se incrementaba hasta los $57’200.000 mensuales una vez aplicado el “factor multiplicador”, que incluye, entre otras cosas, unos costos laborales relacionados con la seguridad social y que en el caso de este contrato fue de 2,6. (Ver contrato)
Pues bien, al revisar la información de los contratos celebrados por Typsa con cargo al contrato de consultoría 237 de 2013, sorprenden varios hechos. En primer lugar, tenemos el contrato del director del proyecto, Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, quien tenía la doble función de director y representante legal de Typsa y cuyos honorarios estaban tasados en $12 millones mensuales según el contrato Typsa-Imdri (Director de Consultoría – Arquitecto), los cuales al aplicar el famoso “factor multiplicador” se convertían en $31.2 millones de pesos mensuales, esto sin incluir $67.2 millones en viáticos y tiquetes. Sin embargo, al revisar su contrato se advierte que el mismo se hizo a término indefinido por un valor mensual de $18.915.671. Claramente, hay cuentas que no cuadran entre lo contratado por el Imdri en virtud del contrato de consultoría 237 de 2013 y este contrato celebrado entre Typsa y el señor Uribe Arbeláez. (Ver contrato Luis Uribe)
Otro curioso caso, con inconsistencias parecidas, es el del director Eléctrico del proyecto, cuyos honorarios mensuales, según el contrato de consultoría 237 de 2013, eran de $12 millones de pesos al mes y que, al igual que en el caso de Uribe Arbeláez, al aplicarle el “factor multiplicador” se convertían en $31.2 millones de pesos mensuales. En este caso se contrató por parte de Typsa al señor William Cárdenas. Sin embargo, para infortunio del señor Cárdenas, su contrato como director Eléctrico del proyecto se hizo por solo $6 millones de pesos mensuales, suma que según el parágrafo primero de dicho contrato incluye la remuneración de dominicales y festivos, jornadas nocturnas, etc., es decir, lo que precisamente debería cubrir el factor multiplicador antes mencionado.
En este caso tampoco cuadran las cuentas, pues hay una diferencia notoria entre los $31.2 millones mensuales que en teoría se le debieron pagar a esta persona con recursos de los ibaguereños y los $6 millones que finalmente se le pagaron. ¿Así o más obvio? Y como estos dos casos, son muchos más los que registran inconsistencias evidentes que llevan a la conclusión de que después de todo las cosas no eran tan transparentes como argumentaban el exalcalde Luis H. Rodríguez y su asesor de cabecera Orlando Arciniegas Lagos. (Ver contrato William Cárdenas)
Pero hay más. En primer lugar, tanto el contrato de Uribe, como el de Cárdenas y los de otras personas ligadas a Typsa, fueron firmados mucho antes de que se suscribiera el acuerdo con el Imdri, lo que indica que lo que hubo aquí fue un reciclaje de contratos, pues se le presentaron algunos que ya venían en ejecución y por tiempo indefinido para el desarrollo del objeto del contrato 237 del 25 de noviembre 2013.. El contrato del señor Uribe fue suscrito el 1 de junio de 2011 y el de Cárdenas el 25 de abril de 2013. ¿Será que estos señores y todos los otros contratados de manera “exclusiva” trabajaron solamente para cumplir el acuerdo con el Imdri? Lo dudo mucho.
Y como si esto no fuera suficiente, ¿sabían acaso los ibaguereños que la generosidad de la administración de la “Seguridad Humana” alcanzó hasta para dar multimillonarios contratos a personas no residentes en Colombia? En efecto, el mayor beneficiario de los recursos de los ibaguereños fue el señor José Luis Arévalo Segovia, gerente del proyecto, que según el mencionado contrato 237 de 2013 tenía una asignación mensual de $22 millones de pesos que al final del mes llegaba a la sorprendente suma de $57.2 millones de pesos mensuales. Pues resulta que el señor Arévalo probablemente nunca vino a comer lechona ni tamales, ni mucho menos a jugar golf con Luis H., pues al igual que otras 27 personas fueron contratadas en España y realizaron sus actividades desde dicho país. (Ver documento)
Al respecto, surgen dudas que, seguramente, tendrán que plantearse los organismos de control en sus exhaustivas investigaciones: ¿Si este señor y otros tantos vivían en España y desarrollaron sus actividades profesionales a miles de kilómetros de la capital del Tolima, por qué se les aplicó el «factor multiplicador» incrementando así el valor del contrato? ¿Acaso pagaron la seguridad social, los riesgos laborales y todo eso en Colombia? ¿Al igual que los contratos de Typsa en Colombia, estos españoletes habrán trabajado de manera exclusiva para cumplirle al Imdri y a Ibagué? ¿Dónde diablos estaba la supervisión de este contrato?
Son muchas las dudas que subyacen en torno a este espinoso asunto, y mucho me temo que si la nueva administración, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) escudriñan con atención todos los contratos aparentemente celebrados entre Typsa y personal profesional y técnico, tanto en Colombia como en España, y se cruzan estos supuestos contratos contra los aportes de la seguridad social y el sistema de riesgos laborales en nuestro país, así como los pagos de tributos a la DIAN, podrán encontrarse nuevas sorpresas que confirmarían que aquí hubo algo raro en detrimento de los intereses de la ciudad.
Posdata: Ahora resulta que Ibagué le salió a deber al director de Coldeportes Andrés Botero, quien según recientes informaciones exige al municipio la devolución de los recursos aportados para la construcción de los escenarios de los “mejores juegos de la historia”. El descaro y la desfachatez de este sujeto resultan ofensivos, pues cada ocho días venía a veranear a la capital del Tolima con la supuesta intención de revisar de manera directa los avances de las obras, además de tomarse fotos con el peor exalcalde del país. Por supuesto, en sus recurrentes visitas, a Botero todo le pareció normal y ajustado a la ley.
¿Dónde estaba Botero cuando se adelantaban procesos “chaleco” con recursos de la nación? ¿Qué hacía Botero cuando se presentaron unos diseños que no tuvieron interventoría técnica? ¿Acaso Coldeportes no le asignó supervisión a los múltiples convenios que suscribió con la Alcaldía y la Gobernación, como para que ahora su director se muestre horrorizado y sorprendido? El cinismo de Botero solo se compara con aquel que en una ocasión y ante la inminente debacle de los Juegos Nacionales acuñó la frase “ni yo me voy a morir, ni la ciudad se va a acabar».
